La delgada línea entre seguridad y vigilancia
El Senado de la República aprobó esta semana la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una de las reformas más debatidas del actual periodo legislativo, no solo por su alcance en materia de seguridad sino por los riesgos que, según la oposición, representa para las libertades ciudadanas.
Aunque se ha presentado como una estrategia integral para profesionalizar a los cuerpos policiacos, centralizar la información criminal y enfrentar con mayor eficacia a la delincuencia organizada, lo que verdaderamente ha encendido las alertas es la creación de un Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia bajo control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Este nuevo sistema plantea interconectar bases de datos criminalísticos, integrar información en tiempo real, compartir registros de seguridad pública e incluso —según lo estipulado— acceder a datos en posesión de instituciones públicas y particulares. Es decir: abrir una vía legal para compilar y procesar información que, si bien puede servir para combatir delitos de alto impacto, también podría prestarse a la vigilancia de ciudadanos, activistas, periodistas y opositores, como ocurrió en gobiernos anteriores.
De ahí la razón del mote de “Gobierno Espía” que senadores de oposición desplegaron durante la discusión, acusando que se trata de una reforma que “legaliza” la recopilación masiva de información privada. Morena y sus aliados lo niegan, defendiendo que es una medida necesaria ante la violencia que aún aqueja al país y que el espionaje político quedó atrás con la salida de figuras como Genaro García Luna.
Pero más allá de las confrontaciones parlamentarias, el fondo de esta reforma revela una de las tensiones centrales de cualquier democracia moderna: el equilibrio entre seguridad pública y protección de las libertades individuales.
Hoy, México enfrenta una paradoja: exigir a gritos un Estado capaz de frenar el crimen, pero también exigir garantías contra la vigilancia indebida y el uso faccioso de la información. Y es en ese punto donde esta nueva ley deja dudas legítimas.
Lo cierto es que, una vez promulgada, el verdadero riesgo no será su letra, sino su aplicación, y la historia reciente nos recuerda que las herramientas de inteligencia pueden terminar usándose más para callar voces incómodas que para atrapar criminales.
En El Sol de Chiapas creemos que combatir al crimen organizado requiere instituciones fortalecidas y tecnología moderna, pero también controles ciudadanos, órganos independientes y transparencia absoluta en el uso de esos recursos. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir la seguridad pública en un pretexto para controlar la disidencia.
El tiempo dirá si esta reforma se convertirá en una herramienta eficaz contra la violencia, o en una amenaza silenciosa contra las libertades.
