Javier Domínguez
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 12 de agosto de 2025 — En abril de 2011, Verónica Ordóñez Roblero fue atropellada por una unidad propiedad de una empresa vinculada a un funcionario público. El accidente le provocó un traumatismo craneoencefálico que derivó en parálisis de la mitad de su cuerpo, confinándola desde entonces a una silla de ruedas.
Según su abogado, Rosemberg Díaz Pérez, dos empresas de Tuxtla —Asesoría Comercial de Chiapas S.A. de C.V. y Exclusivas en Tuxtla S.A. de C.V., distribuidoras de la marca Superior en el sureste del país— han evadido durante 14 años una sentencia que las obliga a reparar el daño causado.
Antes del accidente, Verónica ejercía como contadora y tenía una prometedora carrera profesional, pero la tragedia alteró por completo su vida, la de su hija y la de sus padres.
El litigante denunció que las empresas han recurrido a múltiples amparos para retrasar la ejecución de la sentencia.
“Han demostrado que su poder económico está por encima de la justicia y la vida de una persona. La víctima ha sido revictimizada por un sistema que, pese a tener una resolución firme a su favor, no ha logrado hacerla cumplir”, señaló.
El caso se encuentra ahora en un punto crítico en la Secretaría de Hacienda estatal, donde, según el abogado, un alto funcionario con claros conflictos de interés —y presunto propietario de una de las empresas demandadas— ha obstaculizado el embargo de bienes.
A pesar de que el Juzgado de Ejecución Penal de Cintalapa ha enviado tres oficios a la dependencia, las autoridades solo han emitido “requerimientos infructuosos” sin incautar propiedad alguna, aun cuando el proceso establece que la deuda debe convertirse en crédito fiscal.
Ante ello, Verónica Jacqueline Ordóñez Roblero hizo un llamado directo al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para que cumpla su compromiso de “cero corrupción y cero impunidad” y ordene la ejecución inmediata de la sentencia.
