Redacción
Ciudad de México.— La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales en los estados de Durango y Coahuila, presuntamente relacionadas con Edgar “N”, alias “El Limones”; sin embargo, hasta el momento no se han bloqueado los activos financieros de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).
De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cuentas del sindicato encabezado por el diputado federal de Morena, Pedro Haces Barba, no han sido inhabilitadas, aunque se encuentran bajo análisis a partir de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades federales investigan si existe una relación directa entre “El Limones” y las actividades ilícitas que presuntamente realizaba mediante empresas vinculadas a la CATEM, particularmente operaciones de lavado de dinero.
Según la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público federal, Edgar “N” es señalado como líder de plazas en Durango y Coahuila del grupo criminal Los Cabrera, facción ligada a “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. Los delitos que se le imputan incluyen delincuencia organizada, secuestro, extorsión y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
El expediente refiere que el imputado recibió transferencias bancarias de origen no justificado, las cuales habrían sido canalizadas a empresas fachada, así como a la adquisición de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y actividades relacionadas con apuestas.
Asimismo, la FGR sostiene que, tras asumir un cargo como secretario general dentro de la CATEM, Edgar “N” habría utilizado la estructura sindical para encubrir actividades ilícitas, entre ellas el cobro de cuotas a empresarios de la construcción, extorsiones a comerciantes y transportistas, apropiación de obras públicas y privadas, así como control de diversas actividades productivas y comerciales.
Las investigaciones continúan abiertas y será la autoridad judicial la que determine si existen elementos suficientes para proceder contra otras personas físicas o morales vinculadas al caso.
