Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 16 de mayo de 2025. — Para combatir una práctica laboral abusiva que afecta a trabajadores en Chiapas, el Congreso del Estado analiza una iniciativa que busca sancionar con hasta cinco años de prisión a quienes obliguen a firmar documentos en blanco como condición para obtener o conservar un empleo.
La propuesta, presentada por la diputada local Andrea Negrón Sánchez, pretende adicionar el artículo 401 Bis al Código Penal estatal. Con ello, se busca castigar penalmente a empleadores que utilicen estos documentos para simular renuncias anticipadas, falsificar firmas o imponer supuestas deudas a los trabajadores, afectando sus derechos laborales.
Esta práctica, común tanto en empresas privadas como en dependencias públicas, consiste en hacer que los empleados firmen hojas sin contenido que posteriormente son completadas con renuncias apócrifas o supuestos pagos de liquidaciones no realizados.
Actualmente, no existe una sanción penal específica para esta forma de coerción, lo que ha permitido que persista, especialmente en sectores con alta precariedad laboral. La iniciativa también contempla multas económicas que van de 500 a 1,500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
De ser aprobada, la ley entraría en vigor al día siguiente de su publicación oficial. Según datos del INEGI, en Chiapas casi la mitad de la población económicamente activa (46.7 %) percibe un solo salario, lo que enfatiza la necesidad de proteger a los trabajadores ante estas prácticas ilegales.
