*Durante el mandato de la presidenta aumentó 16% el número de víctimas en comparación con 2024. Enfrenta, además, el escándalo internacional que supuso el caso Teuchitlán, y la revisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre la gravedad de las desapariciones forzadas.
Ciudad de México, 03 OCT (apro).-El primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum ha marcado un nuevo récord en el número de desapariciones en México: cada día, 40 personas no regresan a sus hogares, un promedio de 1.6 cada hora. Hasta el 1 de octubre, desaparecieron 14,765 personas en el país, 16% más que en el último año de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, cuando hubo 12,695 víctimas. México enfrenta, además, el escrutinio de la ONU, por considerar que en México la desaparición forzada ocurre de manera generalizada y sistemática.
Aunque se ha tratado de ignorar la problemática desde la Presidencia, evitando hablar sobre las desapariciones, casos como el del rancho Izaguirre, en Jalisco, han develado este año el alcance del reclutamiento forzado que llevan a cabo los grupos criminales, mediante la oferta falsa de puestos de trabajo, a través de redes sociales o incluso utilizando videojuegos.
Pese a que llegaron hasta las puertas de Palacio Nacional para solicitárselo, la mandataria no se ha reunido con colectivos de madres buscadoras. Únicamente tuvo un encuentro, el 30 de agosto, con integrantes del Comité ¡Eureka! —fundado por Rosario Ibarra de Piedra en 1977 para exigir la presentación con vida de los desaparecidos durante la “guerra sucia”—, y reuniones con familiares de los normalistas de Ayotzinapa, que no se han traducido, a pesar de sus promesas, en avances en las investigaciones.
El pasado 4 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU anunció la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, que faculta al CED —un órgano integrado por expertos independientes— a llevar el caso de México a la Asamblea General de la ONU, que podría determinar que las desapariciones forzadas en el país constituyen un crimen de lesa humanidad.
El Gobierno mexicano envió el 18 de septiembre, como parte del procedimiento, un informe sobre cómo está enfrentando un drama que supera las 133,000 víctimas, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Aunque esta información generalmente es pública, el Estado solicitó que fuera tratada de forma confidencial, publicó Proceso.
El CED aclaró que la activación del artículo 34 no prejuzga la situación del país. Explicó que, de acuerdo con el artículo 2 de la convención, la desaparición forzada “es la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, seguido de la negativa a reconocer la privación de la libertad o el ocultamiento de su paradero.
“El Comité considera que las circunstancias contempladas en el artículo 2 se aplican, entre otras cosas, a los denominados ‘grupos paramilitares’, pero también a las personas involucradas en la delincuencia organizada, incluidos los grupos o redes informales, desde el momento en que recibieron la autorización, el apoyo o la aquiescencia de una autoridad estatal”, sentenció el CED.
La activación del artículo 34 provocó un rechazo generalizado desde las instancias gubernamentales, incluso el entonces presidente de la mesa directiva del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, dijo que presentaría un “recurso legal” contra el presidente del CED, Olivier de Frouville, por su comportamiento “faccioso y atrabiliario”. La propia presidenta negó que en el país se cometan desapariciones forzadas y acusó a los integrantes del comité de un desconocimiento de la situación de México.
Familiares y colectivos de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil enviaron en agosto un informe al CED, difundido el 1 de octubre, en el que subrayaron que las desapariciones forzadas perpetradas desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, en 2006, cuando declaró la “guerra contra el narcotráfico”, no pueden considerarse hechos aislados.
“Encontramos que en México se han cometido en contra de víctimas civiles desapariciones forzadas, entre otras atrocidades, de manera masiva o generalizada, tanto por organizaciones [criminales] como por agentes del Estado de los tres niveles de gobierno”, concluye el informe.
Los firmantes recomiendan la instalación de una Comisión de Esclarecimiento Histórico para identificar los patrones de las desapariciones y establecer acciones para detenerlas, y piden comunicar a la Corte Penal Internacional la información que presentan para que se inicie una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad.
Para el director jurídico de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, sí se puede hablar de desapariciones sistemáticas y generalizadas en México, pero solo en algunos estados de la república; menciona como ejemplo Veracruz bajo el gobierno de Javier Duarte, o Nayarit cuando era fiscal Édgar Veytia.
El abogado critica la falta de apertura de la administración de Sheinbaum para abordar el tema. “No ha habido una apertura seria, participativa, para analizar el fenómeno de la desaparición ni se ha convocado a las organizaciones ni a los colectivos. A los únicos familiares que ha recibido [Sheinbaum] siguen siendo los de Ayotzinapa; del resto no ha recibido a ninguna otra madre para hablar del tema”, lamenta Gutiérrez.
La “cifra negra” de Sinaloa
Los estados que registraron el mayor número de desapariciones desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025 fueron el Estado de México, Ciudad de México y Sinaloa. Pero el porcentaje de aumento de víctimas respecto al año anterior fue mayor en Jalisco, con 198%; Baja California Sur, con 140%, y Sinaloa, con 132%.
Este último estado ha sido el escenario del enfrentamiento entre dos grupos criminales, los Chapitos y los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa que desataron una ola de violencia tras el traslado y detención en Estados Unidos de Ismael Zambada García, el Mayo, en julio de 2024.
Las desapariciones en Sinaloa se han concentrado en Culiacán —el epicentro de la disputa— y Mazatlán; el 90.8% son hombres jóvenes, de entre 15 y 39 años de edad.
“Ha sido muy desesperante, muy frustrante para nosotros que se lleven a tantos muchachos, a tantas personas, y que no los encontremos”, relata Alma Rosa Rojo, integrante del colectivo sinaloense Voces Unidas por la Vida y quien busca a su hermano Miguel Ángel desde el 2009.
Además, si bien hay un registro oficial que ofrece una idea del impacto que ha tenido el enfrentamiento de los grupos criminales en la desaparición de personas, los colectivos han señalado que la “cifra negra” de desapariciones que no se denuncian ante las autoridades –por miedo u otros motivos– sería mucho mayor.
“Dicen que hay ahorita más de 2,000 desaparecidos, del año que tiene la guerra, y también asesinados”, afirma Rojo. “Sobrepasa, yo creo, los 4,000 o 5,000 desaparecidos. Hay muchísimos que no meten denuncia porque tienen miedo, muchísimos que no quieren ni siquiera acercarse a una autoridad porque tienen mucho miedo”.
En Chiapas, donde se registraron en el primer año del sexenio de Sheinbaum 395 desapariciones —la cifra global supera las 1,700, según el RNPDNO—, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha advertido sobre el alto número de desaparición de mujeres, que supera el 60% del total, cuando el promedio nacional es del 25%.
El impacto de Teuchitlán
El descubrimiento, el 5 de marzo, del rancho Izaguirre en Teuchitlán, y la repercusión que tuvo tanto en México como a nivel internacional, obligó al Gobierno federal a actuar. Cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó a este predio localizó decenas de prendas, zapatos, mochilas, libretas con nombres, además de fragmentos óseos. Quedó demostrado que el lugar era un campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde asesinaban e incineraban a jóvenes que se negaban a ingresar a sus filas, como aseguraron supervivientes que fueron testigos de los hechos.
La narrativa oficial se centró en negar que se tratara de un centro de exterminio. Al mismo tiempo que la Fiscalía General de la República (FGR) tomaba el control de la investigación, se abrió el rancho a la visita de periodistas y de madres y padres buscadores que creían haber reconocido alguna prenda de sus hijos en las imágenes que se difundieron. Mientras medios de comunicación afines a Morena negaban que en el rancho se matara a jóvenes, el propio secretario de Protección y Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, terminó por aceptarlo.
Marlety García, que busca desde 2017 a su hijo César Ulises Quintero, es fundadora del colectivo Entre Cielo y Tierra. Fue una de las madres buscadoras que ingresaron al rancho en marzo, cuando llegaron decenas de familiares de distintos estados del país a intentar obtener pistas de sus seres queridos.
“Nosotros creemos que ya debe de haber resultados, dictámenes, de lo que ellos se llevaron del rancho Izaguirre”, señala. García precisa que no han tenido contacto con la FGR ni con autoridades del Ejecutivo federal para dar seguimiento a los hallazgos y las investigaciones.
Lamenta también la falta de atención a los colectivos por parte de Sheinbaum. “Ha sido muy decepcionante para nosotras, las madres buscadoras, porque no nos ha dado la oportunidad de tener una entrevista con ella, de platicar a fondo con ella”, dice la buscadora. “Tampoco es que el tema de los desaparecidos lo tenga como algo prioritario en su agenda, y es un problema de lesa humanidad a nivel nacional”.
