San Cristóbal de Las Casas, Chis., 08 JUL.-Las organizaciones de la sociedad civil que integran Slamalil kinal, manifestaron su preocupación en relación al medio ambiente, los derechos humanos y colectivos de los pueblos originarios ante el desarrollo del proyecto de construcción de la mega carretera San Cristóbal-Palenque.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, indicó que las organizaciones consideran que representa una grave amenaza para la biodiversidad de la región, los ecosistemas locales y las comunidades indígenas que han habitado y protegido estos territorios durante generaciones.
En un comunicado, aseguran que la carretera, planteada bajo una visión de «desarrollo» capitalista y extractivista, ignora los principios fundamentales del respeto a los derechos colectivos de los pueblos originarios, consagrados en la Constitución Mexicana y los tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas firmados por México.
En lugar de fortalecer el bienestar de estas comunidades, este proyecto no toma en cuenta sus necesidades, violando su autonomía y dañando su patrimonio cultural y los bienes comunes, la casa común, la madre tierra. El desarrollo no debería de limitarse al crecimiento económico o a la construcción de infraestructuras, alertan.
Asimismo, les preocupa la realización de consultas como las que fueron coordinadas por el gobierno del estado de Chiapas, ya que no cumplen con los estándares nacionales e internacionales de consulta previa, libre e informada y culturalmente pertinentes en zonas mayoritariamente indígenas.
Realizar una consulta popular excluye la participación efectiva de los pueblos y comunidades que son directamente afectadas, quienes cuentan además con su propia idea del desarrollo o bienestar, denuncian en el comunicado hecho circular por el Frayba.
Comunidades y organizaciones indígenas y de derechos humanos han expresado su rechazo al proyecto de forma pública y presentados amparos tanto ante el proceso de consulta como al proyecto mismo, señalan.
Esta misma situación se presentó en el caso del Tren Maya bajo la coordinación del gobierno federal, proceso ante el que seis relatores de la Organización de Naciones Unidas señalaron violaciones a derechos humanos en el marco de la “consulta” y desarrollo del proyecto. Cinco años después, el gobierno ha aceptado los daños ecológicos causado por el Tren Maya, expusieron.
El obispo Rodrigo Aguilar Martínez, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, en su carta pastoral «Caminemos juntos a la luz del Señor» (2020), subrayó los posibles perjuicios ambientales y sociales que traen consigo los megaproyectos en Chiapas, como la autopista San Cristóbal-Palenque, el Tren Maya, la minería, las presas hidroeléctricas y otras explotaciones que alteran ecosistemas, dañan territorios y afectan a pueblos originarios y urbanos.
Cuestionó el llamado «desarrollo» que beneficia a unos pocos mientras despoja a las comunidades de sus bienes comunes, y llamó a garantizar un enfoque humano y ecológico cuando se planteen.
Por su parte, el Capitán Marcos, en su comunicado “Adagios” señala que “en su etapa actual, el sistema realiza una nueva guerra de conquista, y su objetivo es destruir-reconstruir, despoblar-repoblar. Destrucción-despoblamiento y reconstrucción-reordenamiento de una zona es el destino de esa guerra (…)
Advierten que los llamados megaproyectos no derivan en desarrollo. Son solo los corredores comerciales abiertos para que el crimen organizado tenga nuevos mercados.
Consideran que la disputa entre cárteles rivales no es solo por el tráfico de personas y drogas, es sobre todo la disputa por el monopolio del cobro de piso en el mal llamado “Tren Maya” y “Corredor Transístmico”. A los árboles y animales no se les pueden cobrar cuotas, en cambio, sí a las comunidades y a las empresas que se asienten en esa otra inútil frontera en el sureste mexicano”.
Alertan sobre las profundas afectaciones sociales y ambientales que este proyecto -oficialmente inaugurado el pasado 8 de junio- que ocasionará, la deforestación, la fragmentación de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, serán algunas de las consecuencias irreversibles para la región.
Además, tememos que las comunidades indígenas enfrentarán el despojo de sus territorios, la pérdida de sus modos de vida tradicionales y un aumento de la conflictividad y vulnerabilidad social, tal como ya se ha observado con otros proyectos de desarrollo.
Por todo lo anterior, exigimos: La suspensión inmediata del proyecto de la carretera San Cristóbal-Palenque, la realización de consultas legítimas, previas, libres e informadas, conformes a los estándares nacionales e internacionales, la protección de los territorios, la biodiversidad y el patrimonio cultural de la región, un verdadero modelo de desarrollo que respete y beneficie a los pueblos originarios, en lugar de violentar sus derechos.
Finalmente, las organizaciones hacen un llamado a la sociedad civil, las organizaciones internacionales y los pueblos de México a solidarizarse en esta lucha por la justicia, la dignidad y el respeto hacia nuestras comunidades indígenas y nuestro medio ambiente.