Ciudad de México, 11 ABR.-La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces Federales de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) expresó su preocupación por la aprobación en comisiones del Senado, por parte de Morena y sus aliados, a la propuesta para reformar los artículos 128 y 148 de la Ley de Amparo.
Esta reforma impediría a jueces dictar suspensiones de normas aprobadas por el Congreso de la Unión u obras del gobierno, aunque estas atenten derechos humanos o vayan en contra de la Constitución.
“Se precia una vulneración al derecho de acceso a la justicia y de no discriminación, pues se daría un trato desigual a quienes aun no habiendo acudido al amparo sean afectados por una ley, que posteriormente a su análisis resultara contraria a la Constitución”, indicó la organización de magistrados y jueces en un comunicado.
Asimismo, indicó la Jufed, que esta iniciativa afectaría principalmente a los jueces, dado que ellos deben de actuar en beneficio de las personas, además de que los derechos humanos “deberían aumentar y no disminuir”, como lo establece la Carta Magna.
Ayer, la reforma fue presentada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, junto con las firmas, entre ellas, de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, y de Mónica Fernández, exfuncionaria de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Ernesto Zedillo.
Dicha reforma, va acorde a uno de los planteamientos presentados el 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador como reforma al Poder Judicial para limitar a los jueces.
Por esto, la organización explicó que están de acuerdo con lo que ha señalado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a que el amparo permite a los jueces determinar si se ha violado o no un derecho humano.
“La Jufed hace un atento llamado a los legisladores federales para que esta iniciativa de reformas se apegue a los parámetros constitucionales y convencionales al tratarse de una modificación trascendental a la protección jurisdiccional de los derechos humanos”, se lee en el documento.
