Javier Domínguez.
24 de octubre del 2025. Tuxtla Gutiérrez.- Tras los hechos registrados el viernes 25 de octubre, que evidenciaron el clima de tensión en el Libramiento Norte de la capital chiapaneca, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) solicitó ampliar las medidas cautelares a favor de la colectiva “Madres en Resistencia”, que mantiene un plantón en la zona desde hace 24 días.
De acuerdo con el organismo, la petición se realizó luego de que alrededor de 50 vecinos de colonias cercanas se concentraran en el lugar para exigir la libre circulación, situación que motivó la intervención de la Visitaduría General Especializada en Asuntos de la Mujer.
Mediante un oficio dirigido al Secretario de Seguridad del Pueblo del Estado, la CEDH pidió implementar de manera urgente “medidas precautorias necesarias, suficientes y eficaces” para garantizar la integridad física y psicológica de las integrantes de la colectiva.
Entre las acciones solicitadas destaca la presencia permanente de policías —preferentemente mujeres—, con el fin de prevenir enfrentamientos o agresiones entre grupos.
El organismo reconoció la legitimidad de la protesta emprendida por las “Madres en Resistencia” y recordó que el derecho a la libre manifestación está protegido por la Constitución mexicana y por tratados internacionales. Personal de la Comisión permanece en el sitio para supervisar el respeto a la integridad, salud y dignidad de las manifestantes.
No obstante, la CEDH subrayó que el ejercicio de un derecho no debe vulnerar otros, como el libre tránsito. En ese sentido, documentó la movilización de un grupo de ciudadanos que, partiendo de la Torre Chiapas, se dirigieron a la Fiscalía General del Estado para manifestar su inconformidad con el bloqueo vial.
Ambas protestas transcurrieron sin incidentes mayores, aunque se mantuvo vigilancia permanente por parte de las autoridades.
Finalmente, la Comisión hizo un llamado al diálogo y la conciliación, exhortando a todas las partes a privilegiar la vía pacífica y buscar soluciones que armonicen los derechos de quienes participan en las movilizaciones y de la ciudadanía afectada.
