En la Mira, por Héctor Estrada ·
José Díaz Gómez, indígena Cho’l del municipio de Salto de Agua, Chiapas, fue detenido de manera violenta desde el 25 de noviembre de 2022. Caminaba junto a un familiar cuando fue interceptado por una camioneta negra, subido a la góndola, esposado, vendado de los ojos y golpeado por un delito que, según una centena de organizaciones civiles, fue fabricado como represalia a su trabajo como defensor de los pueblos originarios.
Y es que, de acuerdo a reportes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), pese al exceso de la fuerza pública para la detención, como si se tratase de un criminal de alta peligrosidad, a José se le terminó acusando de un de un supuesto robo agravado por la cantidad de 22 mil pesos en septiembre de 2022.
“Los policías le enseñaron una supuesta orden de aprehensión, lo subieron a la góndola de la camioneta, esposado, vendado de los ojos, golpeado en varias partes de su cuerpo, fue despojado de mil 400 pesos, cartera y credencial. Posterior a ello, fue trasladado a la Fiscalía en el municipio de Palenque, donde le obligaron a poner su huella y firmar varios papeles en blanco, sin ser asistido en ningún momento por un traductor de su lengua originaria, menos por un abogado”, señalan testimoniales.
Desde entonces, el Frayba ha exigido la libertad inmediata de indígena Cho’l, quien se desempeña como Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) y hace sólo dos semanas cumplió un año ocho meses desde su reclusión en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 17 «El Bambú», en Catazajá.
Durante las últimas semanas el Frayba, junto a decenas de organizaciones firmantes, lanzó una campaña de visibilización y denuncia ante las graves violaciones a los derechos humanos de José Díaz Gómez. En un pronunciamiento conjunto señalan que son alarmante las condiciones de tortura en las que está recluido, el hacinamiento e insalubridad que le han provocado ya enfermedad física y psicoemocional.
“La detención arbitraria y la falsa acusación no solo vulneran el derecho de la persona a la libertad personal, sino que también socavan a la colectividad, a la comunidad, y a la comunidad mundial en la que creemos que otro mundo es posible. La sistemática violación a los derechos humanos son el modus operandi de la Fábrica de culpables para simular la impartición de justicia en cifras, a costa de la brutalidad y criminalización hacia personas y pueblos que se organizan y luchan por la defensa de la tierra y el territorio. Mientras tanto, los grupos criminales se extienden en Chiapas y en el resto del país”, señalaron en su comunicado.
Y es que, según las organizaciones firmantes, la fabricación de delitos en contra de defensores indígenas representa hoy una estrategia selectiva del gobierno, con el fin de provocar un efecto inhibidor hacia las comunidades y personas que defienden sus derechos. Sobre todo, de personas de sitios originarios que se oponen al despojo territorial.
Así, este seis de agosto se tenía programada la audiencia de alegatos de clausura en la que se separaba una sentencia favorable para José Díaz. Sin embargo, el panorama se mantenía incierto para el indígena Cho´l y para otros cuatro defensores de pueblos originarios de Chiapas a quienes también se le han girado órdenes de aprehensión por delitos similares… así las cosas.
