Ciudad de México, 22 MAY.-Integrantes de la familia LeBarón pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE) que cancele las elecciones del Poder Judicial, por la infiltración del crimen organizado en las candidaturas, el Instituto ya respondió a la solicitud.
Advirtieron que seguir con el proceso significa entregar el sistema de justicia a los grupos criminales que han sembrado el terror en el país.
«Solicitamos que el Instituto Nacional Electoral suspenda de inmediato el proceso de elección judicial hasta que se garantice la transparencia, la integridad y la exclusión absoluta de cualquier candidatura con vínculos criminales.
«Esta medida es imprescindible para proteger el futuro de nuestro sistema de justicia y honrar a las víctimas que el crimen organizado ha arrebatado», señala una misiva firmada por Bryan Carl LeBarón Jones y Adrián Dayer LeBarón Soto, con fecha del 23 de abril pasado.
Señalaron que presentaron su solicitud al advertir que el proceso electoral está amenazado por la infiltración del crimen organizado.
«Esta infiltración representa una afrenta directa al Estado de derecho, ya que permite que intereses criminales se posicionen en espacios destinados a garantizar la justicia.
«Cada día que este proceso avanza sin una revisión exhaustiva, se profundiza el peligro para la seguridad de los mexicanos y se erosiona la confianza en nuestras instituciones», manifestaron los LeBarón, cuya familia vivió la ejecución 9 integrantes de su familia, 6 niños y sus madres, en noviembre de 2019 en los límites de Sonora.
Advirtieron que la complicidad con el crimen organizado no es un problema ajeno ni distante, sino que es una tragedia que se traduce en asesinatos, desapariciones y comunidades enteras sometidas al terror.
Consideraron que permitir que el proceso continúe, sin atender estas alarmas, sería avalar un sistema donde la justicia queda al servicio de quienes la violentan, de cárteles y terroristas.
«El proceso de elección judicial, concebido como un pilar para fortalecerla justicia, se encuentra comprometido por evidencias de candidaturas vinculadas al crimen organizado», remarcaron.
Indicaron que ante ante el reconocimiento expreso del presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, sobre la infiltración criminal en el proceso de elección judicial, y ante la voz de otros políticos, asociaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, es que piden la cancelación del proceso electoral.
«Hay dolor suficiente en este país como evidencia de que el crimen se ha robado la paz de territorios completos, en muchos lugares controlan a las policías, las fiscalías están bajo su mando y en estas condiciones le están entregando la posibilidad de volverse dueños de la justicia», advirtieron.
Sin embargo, el Consejo General INE respondió que no es posible detener el proceso, pues no cuenta con las facultades para hacerlo.
Tras hacer una larga consideración jurídica, el Instituto señaló que su mandato constitucional es organizar las elecciones y que no advierte factores de riesgo sobre la participación del crimen organizado.
«En las resoluciones emitidas por la Sala Superior del TEPJF se ha reiterado que es constitucionalmente inviable suspender los actos relacionados con el desarrollo de este proceso electoral, además ordenan que las autoridades electorales competentes continúan con las etapas correspondientes, por tratarse de un mandato Constitucional.
«De ahí que el Instituto Nacional Electoral no cuente con competencia para declarar la suspensión el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, ya que el legislador ordinario asignó al Instituto fines, atribuciones y actividades específicas relacionadas con la organización de procesos electorales», respondió el INE, en un acuerdo aprobado por el Consejo General.
Agregó que el Instituto contempló prevenir factores de riesgo para el actual proceso electoral extraordinario, por lo que se emitió un «Protocolo para prevenir factores de riesgo», en el que se establece que su implementación busca garantizar la seguridad y eficacia en el cumplimiento de las atribuciones que tiene conferidas el INE y, al mismo tiempo, documentar las acciones realizadas.
«Derivado de la instalación de las mesas de seguridad para las actuales elecciones, hasta el momento no se han detectado factores de riesgo que requieran de la implementación del citado Protocolo para los actuales comicios electorales», señaló el Instituto.
