La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, alertó hoy que prevalecen en el País prácticas como la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias y el abuso de la prisión preventiva oficiosa.
Lo anterior al recibir al Grupo de Trabajo de Sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de Naciones Unidas que, desde 2002, ha emitido 49 opiniones sobre casos de este tipo registrados en México.
«Somos conscientes de que estamos lejos de lograr su erradicación. Ustedes lo han reflejado en sus opiniones al Estado mexicano: los datos nos revelan un doloroso aumento de las desapariciones forzadas y la persistencia de violaciones fundamentales al debido proceso en las detenciones, incluyendo, desgraciadamente, las prácticas de tortura. Se refleja el abuso de la prisión preventiva oficiosa, así como la existencia de políticas y prácticas centradas en las detenciones indebidas de migrantes», dijo la Ministra.
«Tenemos grandes pendientes para lograr un sistema especializado y efectivo de justicia penal para adolescentes. Somos conscientes de que se ha ampliado la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y de que existen condiciones inadmisibles para muchas personas en los centros de internamiento penitenciario».
Piña advirtió que un eventual recorte al presupuesto del Poder Judicial para 2024 afectaría la implementación plena del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
«Una disminución presupuestal al Poder Judicial Federal, entre otras cuestiones, detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables, en un escenario en el cual la demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual», afirmó.
La Ministra también adelantó que la Corte tendrá que revisar sus criterios sobre arraigo de presuntos delincuentes, a raíz de sentencias recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reiteradamente ha indicado a México que debe suprimir esa figura, así como la prisión preventiva oficiosa.
«Les solicito respetuosamente, pero de frente y sin rodeos, considerar en su evaluación de País y las recomendaciones indispensables que puedan formularnos para combatir las detenciones arbitrarias, el valor indispensable de la independencia judicial y su respeto, esto debe reflejarse en condiciones políticas, jurídicas y materiales que garanticen la actuación imparcial y efectiva de la judicatura, sin riesgos a la seguridad personal, a la estabilidad laboral y financiera», pidió Piña al GTDA.
Por su parte, el Juez Antonio González García, Titular de la Unidad para la Consolidación del NSJP del Consejo de la Judicatura Federal, señaló que uno de los principales retos que enfrenta el sistema es la ejecución de penas.
Dijo que cada año están ingresando en promedio 25 mil personas al sistema penal federal, de las que mas de 5 mil son sentenciadas a pena de prisión, y que la carga de trabajo de los juzgados de ejecución ha crecido 300 por ciento con relación a 2018.
En el evento también estuvieron los ministros Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos-Farjat, y los consejeros de la Judicatura, Sergio Molina y Bernardo Bátiz.
