En la Mira, por Héctor Estrada ·
Más de 245 millones de pesos, en “obras fantasma” de mantenimiento, conversión, rehabilitación y equipamiento de unidades médicas en Chiapas, es el monto general del presunto desfalco cometido por funcionarias de la Secretaría de Salud estatal durante la administración de José Manuel Cruz Castellanos, mejor conocido como Pepe Cruz.
La denuncia judicial, ventilada en redes sociales este fin de semana, imputa de manera directa a las entonces responsables de la Dirección de Infraestructura de Salud, la Subdirección de Infraestructura de Salud y la Subdirección de Conservación y Mantenimiento, quienes habrían firmado documentación que acreditaba la conclusión de 105 obras que, se ha comprobado ahora, nunca fueron realizadas o concluidas.
La denuncia fue interpuesta el pasado 26 de agosto, por el actual subdirector de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción, acusando delitos como “robo agravado de documentos, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, operación con recursos de procedencia ilícita y los que resulten”. Y es que, el asunto va mucho más allá.
La declaración señala que, como parte de las evidencias documentadas, se detectó además que las obras señaladas fueron presupuestadas a precios elevados y pagadas con dinero en efectivo, identificado bajo el concepto de “alterno”, lo que hace suponer que “se trata de dinero de procedencia ilícita, toda vez que se desconoce la partida presupuestal, proyecto o fuente de financiamiento”.
Sin embargo, no es la primera vez que el controversial ex secretario de salud ha sido vinculado a presuntas actividades ilícitas. En 2023 el portal Latinus, mediante información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, dio a conocer contratos a empresas fantasma que nunca fueron aclarados públicamente durante la gestión de Cruz Castellanos.
Según la investigación, en ese año la Secretaría de Salud entregó contratos por 167 millones de pesos a Production Suministro Jees, empresa del operador político de Rosalinda López Hernández, entonces esposa del propio gobernador chiapaneco Rutilio Escandón y administradora general de la Auditoría Fiscal del SAT.
El último gran contrato firmado por Production Suministro Jess fue en agosto de 2023, seis meses antes de que Cruz Castellanos dejara la Secretaría de Salud. En esa ocasión, la dependencia le compró equipo médico por 71 millones de pesos. Production Suministro Jess era parte del grupo de empresas y personas vinculadas con el operador de Rosa Linda López, mismas que fueron beneficiadas entre 2020 y 2023 con más de 478 millones de pesos en contratos del gobierno de Chiapas.
A la presunta red de empresas turbias, se sumó la denuncia hecha por el periódico La Crónica en mayo de ese mismo año. En ese entonces, el medio documentó irregularidades por más de 58 millones de pesos a dos presuntas empresas fantasma, JRS Ingeniería Integral y Consultoría, S.A de C.V., y Grupo IASES, S.A. de C.V, cuya representante legal era nada más y nada menos que una servidora pública adscrita a la misma Secretaría de Salud.
Sin olvidar la denuncia penal interpuesta en mayo de 2024 por la Sección 03 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, por los delitos de “ejercicio ilegal de funciones públicas, coalición de servidores públicos y abuso de autoridad”; así como la detección de irregularidades por alrededor de mil millones de pesos durante la primera auditoría aplicada en marzo pasado la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Sin embargo, en esta ocasión, las denuncias parecen haber transitado por primera vez de los dichos a los procesos judiciales concretos. Y es que, la ola de antecedentes e irregularidades imputadas a José Manuel Cruz Castellanos que se han quedado sin acciones concretas han sumido ya a las y los chiapanecos en una sensación de incredulidad y desconfianza sobre la verdadera aplicación de justicia.
Es verdad. Imputarle un delito concreto al ex secretario de salud requerirá primero uno o varios procesos judiciales para atribuir responsabilidades penales a los ex subordinados, utilizados como firmantes y responsables directos de documentos comprobatorios; para luego llegar hasta el ex titular de la dependencia. Pero eso dependerá, únicamente y exclusivamente, de las actuales autoridades locales y su compromiso real para llevar buen término el objetivo y darle a Chiapas al menos un poco de la justicia que merece… así las cosas.
Contacto: hectorestradaenlamira@gmail.com
