A fin de evitar que las elecciones de 2024 se conviertan en las más violentas de la historia y que haya más asesinatos de candidatas y candidatos, Verónica Juárez Piña exigió al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, y a los gobiernos estatales y municipales, aplicar con rigor y oportunidad el Protocolo para prevenir factores de riesgos en los procesos electorales.
Al tiempo que lamentó el asesinato de Gisela Gaytán, candidata a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, afirmó que “los crímenes políticos se dan en el marco de la violencia general que vive el país y, en la mayoría de los casos, por la actuación impune del crimen organizado ante la displicencia del gobierno federal, responsable de combatirlo”.
Juárez Piña puntualizó que dicho protocolo, firmado el pasado 2 de febrero, tiene como objetivo general “establecer la coordinación y colaboración con las autoridades e instituciones coadyuvantes con competencia en temas de seguridad
pública, para garantizar la integridad física de las personas servidoras públicas y ciudadanía”.
La candidata a Senadora por la Coalición Fuerza y Corazón por México citó cifras del Segundo Reporte Preliminar sobre violencia electoral del proceso 2023-2024, de Laboratorio Electoral, actualizado al 1 de abril, el cual registra 158 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con el proceso electoral. De estos, 52 fueron asesinatos de los que 28 eran aspirantes, además de 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas, un incremento de más del 200% respecto del primer reporte de esta organización.
Dicho reporte establece que “este proceso electoral ya superó la cifra de aspirantes a una candidatura, precandidatos o candidatos asesinados en el proceso de 2018. Esto confirma que la violencia asociada a las elecciones ha tenido una tendencia de incremento preocupante. En 2018 hubo 43 asesinatos relacionados con la violencia electoral, de los cuales 24 fueron de precandidatos o candidatos, en 2021 se dieron 88 asesinatos, de los cuales 30 correspondieron a precandidaturas o candidaturas.
La aspirante al Senado por la Ciudad de México a concluyó que “de poco sirve plantear un protocolo sobre seguridad si no se aplica oportunamente y, sobre todo, si el gobierno federal es indolente ante el activo papel que está asumiendo el crimen organizado para influir en los resultados rumbo a las elecciones de 2024”.
