Ciudad de México, 18 ENE.-La reforma electoral que impulsa Morena no es un ajuste administrativo ni una modernización institucional, sino una pieza clave de un proyecto de concentración de poder que amenaza la equidad electoral y los contrapesos democráticos, advirtió el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera.
Desde la óptica del PAN, la iniciativa responde a una lógica conocida: cambiar las reglas desde el poder, debilitar al árbitro y competir en condiciones ventajosas. “Cuando el gobierno escribe las reglas, controla al árbitro y compite al mismo tiempo, la democracia deja de existir”, sostuvo Romero, al cuestionar además la negativa del Ejecutivo a abrir un diálogo con la oposición.
El dirigente calificó la propuesta como una “Ley Maduro”, al advertir similitudes con procesos de captura institucional observados en Venezuela, donde —dijo— el autoritarismo no llegó de golpe, sino mediante reformas legales que vaciaron de contenido a los órganos electorales y eliminaron contrapesos gradualmente.
Financiamiento: menos controles, más riesgo
Uno de los ejes más controvertidos de la reforma es la reducción del financiamiento público a los partidos sin un fortalecimiento paralelo de los mecanismos de fiscalización. Para el PAN, el argumento de austeridad es engañoso.
“Reducir el financiamiento público sin reforzar la fiscalización no combate la corrupción, la legaliza”, acusó Romero, al señalar que Morena impulsa esta medida no por convicción democrática, sino porque —afirmó— ya cuenta con fuentes de financiamiento alternas.
En ese punto, recordó antecedentes documentados de presunto financiamiento ilegal en campañas vinculadas al partido oficial, como el llamado huachicol fiscal, los casos de La Barredora y los Carmona, así como sanciones internacionales y el retiro de visas a políticos relacionados con Morena. Bajo ese contexto, alertó que disminuir los recursos legales abre la puerta a normalizar el dinero del crimen organizado en la política.
El INE, en la mira
Otro componente central de la crítica panista es el intento de debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) y recentralizar funciones que, desde la reforma de los años noventa, fueron diseñadas precisamente para impedir que el gobierno organizara y calificara las elecciones.
“Debilitar al árbitro no ahorra dinero, cuesta democracia”, advirtió Romero, al señalar que la autonomía electoral fue una conquista frente a décadas de elecciones controladas desde el poder.
Mayorías fabricadas y representación a modo
El PAN también rechazó la intención de eliminar o acotar la representación proporcional bajo el argumento de austeridad, al considerar que el problema real no es la existencia de plurinominales, sino el uso de interpretaciones laxas de la ley para inflar mayorías legislativas.
“Con el 54 por ciento de los votos se quedaron con el 73 por ciento del Congreso. No ganaron esas mayorías, las fabricaron”, sostuvo Romero, quien añadió que incluso dentro de la coalición gobernante existen tensiones, pues partidos como el PT y el PVEM dependen de esos mecanismos para sobrevivir políticamente.
Acción Nacional considera además que la reforma electoral es parte de una estrategia más amplia del oficialismo: reducir contrapesos, concentrar decisiones en el Ejecutivo y reconfigurar el sistema político para asegurar mayorías permanentes, aun cuando no correspondan al voto real de los ciudadanos.
“Las elecciones se ganan con votos, no con miedo, no con dinero ilegal ni con árbitros sometidos”, concluyó Romero, al advertir que lo que está en juego no es una ley secundaria, sino el modelo democrático construido tras décadas de transición.
