Javier Domínguez
7 de enero de 2026
Tuxtla Gutiérrez.- Padres de familia de la Escuela Preparatoria Número 1 del Estado, turno matutino, denunciaron un presunto desvío millonario de recursos durante la gestión del exdirector Carlos de Jesús Trujillo Quintero, quien, pese a los señalamientos, continúa laborando en otra institución educativa del estado.
Mediante minutas, documentos y denuncias presentadas desde el inicio de la actual administración, los inconformes señalan que al interior del plantel operó una red de corrupción y opacidad en el manejo de recursos provenientes de programas educativos, cuotas “voluntarias” y fondos etiquetados para infraestructura.
Entre las irregularidades denunciadas destacan la presunta apropiación indebida de más de 1.2 millones de pesos del programa Educando; la ausencia de rendición de cuentas sobre 750 mil pesos anuales generados por casetas internas; el manejo irregular de alrededor de 140 mil pesos del programa Promé; así como una partida superior a 4.5 millones de pesos asignada a obra pública, de la cual únicamente se habrían construido cuatro sanitarios.
“Durante más de cuatro años, el director manejó estos fondos junto con una contadora sin transparencia alguna. Era prácticamente su cajero automático personal”, afirmó Luis Miguel Ochoa Morales, portavoz de los padres de familia.
Aunque Trujillo Quintero fue removido de la dirección en 2025, los padres reprochan que no fue separado del servicio público, sino únicamente reubicado como docente en otro plantel.
“Lo movieron, pero sigue siendo funcionario. Creyeron que cambiando al director se resolvía el problema, pero seguimos exigiendo justicia y la devolución de lo robado”, señalaron.
También acusaron a la actual directora del plantel de negarse a convocar una asamblea general para transparentar la situación, lo que interpretan como un acto de protección institucional.
“Se habla de combate a la corrupción, pero en los hechos siguen protegiendo a quienes fueron señalados. Ese dinero era para nuestros hijos, para mejorar la escuela, no para enriquecer a unos cuantos”, subrayaron.
Ante la falta de respuesta, exigieron a la Secretaría de Educación y a la Fiscalía General del Estado la realización de una auditoría forense a los recursos ejercidos entre 2022 y 2025, así como sanciones administrativas y penales para los responsables.
Advirtieron que el caso no es aislado y refleja una problemática sistémica en Chiapas, donde la opacidad en el manejo de recursos educativos continúa minando la confianza de la comunidad escolar.
