Diversas organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos han exigido una revisión inmediata del perfil de Francisco Herrera Franco, exfiscal regional de Michoacán durante la administración de Silvano Aureoles, quien actualmente figura como candidato a Juez Federal en materia penal. Las agrupaciones advierten que Herrera Franco enfrenta múltiples señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado, extorsión a comunidades indígenas y posible participación en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares, del portal Monitor Michoacán.
De acuerdo con las organizaciones, permitir que figuras como Herrera Franco accedan a cargos en el Poder Judicial representa un grave riesgo para la justicia en México. A través de un pronunciamiento conjunto, enfatizaron que la impartición de justicia no puede estar en manos de personas con antecedentes tan delicados, especialmente en un país marcado por la violencia, la impunidad y la corrupción.
El documento subraya que, pese a investigaciones y pruebas que vinculan a algunos aspirantes judiciales con delitos graves como corrupción, delitos sexuales y atentados contra la libertad de expresión, las autoridades competentes no han tomado medidas para garantizar la idoneidad de los perfiles. En el caso de Herrera Franco, destacan grabaciones filtradas donde presuntamente pacta con líderes criminales y denuncias por violencia institucional contra periodistas.
Durante su paso por la fiscalía regional de Michoacán, Herrera Franco fue apodado “el fiscal del terror” debido a su historial de abusos, fabricación de delitos y represión contra comunidades indígenas, especialmente las mazahuas, quienes lo señalaron por intentar forzar a sus integrantes a colaborar con grupos delictivos. Esta presión derivó en el surgimiento de autodefensas y protestas públicas en su contra.
A pesar de este historial, Herrera Franco fue postulado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo como candidato a juez penal en Michoacán, lo que ha generado una fuerte indignación entre colectivos ciudadanos, periodistas y defensores de derechos humanos.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes —entre ellas Artículo 19, Defensorxs, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Laboratorio Electoral y el Observatorio Sonora por la Seguridad— exigieron al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se evalúe de manera urgente la idoneidad del candidato. De no cumplir con los requisitos establecidos por la Constitución, solicitan su inmediata exclusión del proceso.
Además, llaman a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a atraer las investigaciones relacionadas con los asesinatos de los periodistas de Monitor Michoacán, así como las demás denuncias contra Herrera Franco, con el fin de garantizar procesos independientes, imparciales y con enfoque en derechos humanos.
“Como sociedad, no podemos permitir que quienes cuentan con serias acusaciones de corrupción, violencia y complicidad con el crimen organizado intenten ser ahora los principales responsables de la impartición de justicia”, sostienen las organizaciones. Aseguran que sólo una justicia encabezada por personas íntegras puede devolver la confianza en las instituciones y construir un verdadero Estado de Derecho.
El pronunciamiento concluye con una firme defensa de la memoria de los periodistas asesinados, la voz de las comunidades indígenas y la dignidad de las instituciones, llamando a cerrar el paso a la impunidad desde el corazón del sistema judicial mexicano.
