*El exministro y actualmente asesor de Claudia Sheinbaum, junto con 20 personas que actuaron como colaboradores, aparecen en una larga lista de irregularidades, como corrupción, acoso laboral, ajustes a sentencias para favorecer al Ejecutivo mientras Zaldívar asegura que es una venganza y que le extraña que se haga con base a una denuncia anónima
Ciudad de México.-El exministro Arturo Zaldívar y 20 de sus colaboradores están bajo la lupa del Consejo de la Judicatura Federal luego de que, por orden de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, iniciara una investigación por actos de corrupción y por “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial.
Luego de que la ministra Norma Piña admitiera la recepción de una denuncia anónima en contra del exministro Zaldívar y otros ex colaboradores del Consejo de la Judicatura Federal por hechos cometidos en los años que presidió la Corte (2019 a 2022) los cuales podrían constituir causa de responsabilidad administrativa.
Derivado de una denuncia anónima presentada el pasado 9 de abril, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña Hernández, ordenó una investigación contra excolaboradores del ministro en retiro, Arturo Zaldívar, por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF), con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros.
Las acusaciones presentadas apuntan contra Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la Presidencia del CJF, quien es señalado de presuntamente ejercer presión, extorsión y amenazas contra jueces para que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, indicaron fuentes judiciales.
En la denuncia presentada también se involucra al extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, magistrado Jaime Santana Turral, una de las áreas del Consejo de la Judicatura supuestamente más utilizadas para presionar a los jueces y magistrados.
De igual forma, se señala que la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González, ahora auditora en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través de amenazas de declarar a los titulares culpables de responsabilidades administrativas, usando quejas existentes o inventando algunas.
La denuncia también señala que el expresidente de la SCJN y el exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, se confabularon para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales.
En consecuencia, “ante la posibilidad de que los citados funcionarios públicos del Poder Judicial de la Federación, en el desempeño de las funciones propias de los cargos señalados, incurrieran en alguna causa de responsabilidad administrativa por la probable comisión de las conductas descritas con antelación; resulta necesario ordenar la práctica de una investigación a efecto de esclarecer los hechos denunciados», refiere la denuncia.
«En el entendido que respecto de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,el Consejo de la Judicatura Federal carece de competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos que le son imputados…», agrega.
En la denuncia también se señala al exdirector del Instituto de la Defensoría Federal, Netzai Sandoval y al ahora magistrado, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien como juez de control del Reclusorio Sur dictó prisión preventiva justificada contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el caso de la «Estafa Maestra».
La investigación no se limita a indagar las presiones y abusos de Zaldívar sobre los jueces, sino que sugiere una clara actuación de esta red para favorecer al Poder Ejecutivo, en temas tan graves como el caso de Emilio Lozoya, Rosario Robles, pero también en el del Tren Maya, reformas sobre el sector energético y hasta el tratamiento de la pandemia del Covid.
¿De qué trata la demanda contra zaldívar?
A través de un documento de más de 15 páginas, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició una investigación por atentar contra la independencia judicial, falta de profesionalismo, violencia sexual, cohecho, desvío de recursos públicos, abuso de funciones y enriquecimiento ilícto, entre otros posibles delitos e irregularidades de carácter administrativo.
En el desglose del documento, las denuncias son las siguientes:
– Arturo Zaldívar como presidente del Consejo de la Judicatura Federal por vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros.
– Carlos Antonio Alpízar Salazar , cuando fue Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal por los delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción, extorsión, desvío de recursos públicos para beneficio propio, violencia sexual y de género, así como acoso contra jueces y magistrados.
– Édgar Manuel Bonilla del Ángel,en su actuación como titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles por delitos de corrupción.
– Netzaí Sandoval Ballesteros, en su actuación como director General del Instituto Federal de Defensoría Pública por delitos de corrupción, hostigamiento laboral, enriquecimiento ilícito y uso indebido del cargo e instalaciones. Cabe destacar que él es el actual coordinador de ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama.
Otros ex funcionarios mencionados en la denuncia son Celia Maya García, consejera de la Judicatura Federal; el magistrado federal, Jaime Santana Turral y la ex contralora del Poder Judicial y Arely Gómez, quien recientemente fue nombrada como Auditora Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Entre los casos que son mencionados en la demanda está la intervención en juicios sobre el Tren Maya, la cancelación del Aeropuerto en Texcoco, el caso Wallace, la prohibición del amparo contra la falta de atención médica por Covid, defraudación por parte de altos funcionarios del Infonavit, la resolución conforme a intereses en los casos de Emilio Lozoya y Rosario Robles, el AIFA y la ley de Hidrocarburos y de Industria Eléctrica.
Además, se detalla la construcción de adecuaciones “innecesarias” en las instalaciones de edificios del Poder Judicial, así como el acoso a funcionarias y funcionarias de índole sexual y laboral en caso de que no se acataran las indicaciones.
“En consecuencia, ante la posibilidad de que los citados funcionarios públicos del PJF, en el desempeño de las funciones propias de los cargos señalados, incurrieran en alguna causa de responsabilidad administrativa por la probable comisión de las conductas descritas con antelación; resulta necesario ordenar la práctica de una investigación a efecto de esclarecer los hechos denunciados”, detalla el documento firmado de manera electrónica por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández.
¿Qué procederá?
En el documento emitido y firmado por la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) y su titular, Herbert Torres Coello, del Consejo de la Judicatura Federal se aclara que aunque en la denuncia se señala directamente a Arturo Zaldívar, no se cuentan con las competencias para investigar y sancionarlo directamente, por lo que la investigación tendrá como foco principal a los principales ex colaboradores del exministro en el periodo de 2019-2022, cuando era titular del Poder Judicial.
Una vez que las pruebas se sustenten y se analice todo el expediente podría establecerse si existe una falta administrativa.
AMLO ha admitido interferencia en la Corte
Meses atrás, el propio presidente reconoció que intervino en decisiones del Poder Judicial cuando Zaldívar fue ministro presidente.
“Todavía recuerdo cuando Arturo Zaldívar era presidente de la Corte, había más recato. Todavía, cuando había un asunto así de ese tipo (en referencia a la liberación de Emilio Lozoya) nosotros respetuosamente interveníamos”, dijo en febrero de 2024.
En diversas ocasiones López Obrador criticó la autonomía “excesiva” del Poder Judicial y ha insistido en la urgencia del Plan C, es decir, de aprobar una serie de reformas hacia este poder y en la selección de los ministros.
