Ginebra, 04 de abril de 2025.– El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció el inicio de un procedimiento formal contra el Estado mexicano ante la posibilidad de que las desapariciones forzadas se practiquen de manera generalizada o sistemática en el país. Este recurso, previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, podría escalar la situación a la Asamblea General de la ONU y abrir la puerta a una eventual demanda ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
El Comité ha solicitado información oficial al gobierno de México para sustentar su análisis, luego de considerar que existen indicios fundados de una práctica extendida de desapariciones en el territorio nacional. Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señalaron que es la primera vez que se activa este mecanismo, el más severo del Comité, e instaron al Estado mexicano a colaborar con transparencia, asumiendo el compromiso de implementar las recomendaciones emitidas desde la visita realizada en 2021.
La decisión del organismo internacional ocurre en un contexto de creciente alarma por el hallazgo reciente de un predio en Teuchitlán, Jalisco, conocido como Rancho Izaguirre, donde fueron localizados restos óseos, objetos personales y evidencias de tortura y asesinatos, en lo que ha sido calificado como un campo de reclutamiento ilegal. Frente a estos hechos, el Comité emitió una serie de medidas urgentes dirigidas al Estado mexicano, entre ellas, garantizar el resguardo de todas las pruebas encontradas, realizar búsquedas e investigaciones exhaustivas con la participación de familiares, y proceder de inmediato al análisis genético de los fragmentos localizados para su identificación.
El Comité también subrayó la necesidad de analizar el contexto del hallazgo, incluyendo patrones, modus operandi, perfiles de las víctimas y factores regionales que expliquen la magnitud del fenómeno. Estas acciones se derivan de la petición de organizaciones como la consultora Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, que presentaron al menos 18 casos vinculados a personas desaparecidas, instando a que las autoridades mexicanas no sólo conserven la evidencia, sino que garanticen una investigación con enfoque integral y participación de las familias.
Además, el Comité expresó profunda preocupación por las denuncias de amenazas, intimidaciones y represalias dirigidas a integrantes de los colectivos de búsqueda que participaron en el hallazgo del rancho. A pesar de contar con medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, muchas de estas personas enfrentan condiciones de inseguridad, estigmatización y violencia.
El organismo internacional enfatizó la importancia de mantener la cadena de custodia de los restos y objetos encontrados, así como de informar periódicamente a las familias sobre el estado de las investigaciones. También instó al Estado mexicano a garantizar mecanismos de protección para los buscadores y activistas, reforzar su participación efectiva en todas las etapas del proceso y, en caso de que no puedan estar presentes por causas fuera del control estatal, justificar con claridad los motivos.
Las cifras reveladas reflejan la gravedad del panorama: desde 2010 hasta marzo de 2025, se han documentado al menos 24 asesinatos y cuatro desapariciones de personas dedicadas a la búsqueda de desaparecidos. La más reciente víctima fue Teresa González Murillo, quien buscaba a su hermano desde 2024 y falleció el pasado 2 de abril, tras un atentado.
Raymundo Sandoval, vocero de la Plataforma por la Paz, enfatizó la importancia de que el Comité no solo evalúe el cumplimiento del debido proceso penal, sino que también considere la participación sustantiva de las familias y colectivos en un marco más amplio que incluya medidas efectivas de protección y reconocimiento.
Este procedimiento marca un momento crítico en la relación entre México y los organismos internacionales de derechos humanos, y subraya la urgencia de adoptar una política integral para enfrentar la crisis de desapariciones en el país.
