Redacción
Ciudad de México, 27 de junio de 2025
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación por las reformas legislativas que actualmente discute el Congreso de la Unión, al considerar que consolidan un modelo de seguridad pública militarizado, vulneran derechos fundamentales y debilitan los controles democráticos.
A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, la ONU-DH advirtió que las modificaciones propuestas a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, otorgan facultades amplias a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional en materia de investigación e inteligencia, sin contar con mecanismos de control ni rendición de cuentas adecuados.
“La nueva Ley de la Guardia Nacional consolidaría su indebida naturaleza militar y otorgaría a sus integrantes facultades amplias de investigación e inteligencia, sin controles idóneos”, señaló la oficina.
El organismo también alertó sobre el posible otorgamiento de nuevas atribuciones al Ejército para procesar información de inteligencia sin garantías legales suficientes, lo que podría poner en riesgo derechos como la privacidad y la protección de datos personales.
“Preocupan las facultades que se darían al Ejército para procesar información de inteligencia y otras disposiciones que, sin las salvaguardas adecuadas, pondrían en riesgo el derecho a la privacidad y otros derechos fundamentales”, indicó la ONU-DH.
El organismo reiteró su postura histórica: la seguridad pública debe permanecer bajo responsabilidad civil, con controles democráticos, transparencia y pleno respeto a los derechos humanos.
Más de 13 organizaciones defensoras de derechos humanos, como Artículo 19 y Amnistía Internacional, han advertido que estas reformas legalizan la vigilancia sin control judicial, al permitir que la Secretaría de la Defensa Nacional procese información de inteligencia por supuestos motivos de “seguridad nacional”, sin supervisión independiente.
Denunciaron además que se elimina la autorización judicial para que la Guardia Nacional acceda a datos de telecomunicaciones y geolocalización en tiempo real, y que se obliga a interconectar bases de datos nacionales e internacionales, públicas y privadas, a las que podrán acceder autoridades sin controles claros.
A ello se suma la implementación obligatoria de la CURP biométrica y la Plataforma Única de Identidad para gestionar y monitorear en tiempo real la identidad de todos los ciudadanos mexicanos, lo que, señalaron, implica un control masivo sobre la población.
“La consolidación de un aparato de vigilancia sin controles, el debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas y la construcción de un Estado que monitorea permanentemente a la sociedad constituyen una amenaza directa a las libertades básicas y los derechos democráticos”, alertaron las organizaciones.
El debate legislativo sobre estas reformas sigue abierto en el Congreso de la Unión, mientras organismos internacionales y defensores de derechos humanos insisten en frenar lo que consideran una deriva autoritaria disfrazada de política de seguridad pública.
