Ciudad de México, 25 JUN.-La Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados alertó sobre las tendencias a nivel mundial que ponen en riesgo la independencia judicial y, en el caso de México, señaló que entre estas amenazas están las declaraciones del presidente en las que acusa a los jueces de “corruptos”.
Margaret Stterthwaite, relatora especial de ese organismo de la ONU, presentó este martes el informe sobre la independencia del sistema judicial y los desafíos contemporáneos de la democracia, en el que alerta sobre el riesgo que representan reformas que modifican el nombramiento de jueces si se pretende aumentar la influencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Pero, además “los riesgos que implica la posibilidad de que jueces y magistrados sean nombrados por cuestiones políticas y no por mérito o criterios objetivos”.
“Las reformas que buscan modificar la composición del Poder Judicial, removiendo a jueces y juezas existentes, aumentan el riesgo de ‘captura’ de los tribunales”, añadió la relatora en su informe.
Satterthwaite señaló que es de vital importancia que el Poder Judicial sea independiente del control político y de las injerencias del gobierno, y afirmó que en algunos países existe la amenaza de que, desde el poder, se debilite el sistema de justicia y sus instituciones.
“La independencia de los sistemas judiciales debe protegerse frente al declive democrático y el creciente autoritarismo”, enfatizó la relatora, quien pidió a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas “hacer más para defender a los actores de justicia y su papel crucial en la salvaguardia de la democracia”.
En la sesión del Consejo de Derechos Humanos, que se realizó en Ginebra, Suiza, la relatora comentó que cada vez son más los gobiernos que recurren a las amenazas a los sistemas judiciales, sobre todo a través de “la captura, freno, instrumentación y ataques, que han derivado en amenazas, detenciones, tortura, desaparición forzada, violación física y asesinatos”.
“Las limitaciones que generan los poderes políticos, al ejercer abusos de poder sobre las instituciones judiciales, se producen a través de cambios legales que reducen sistemáticamente el poder de acción de estas instituciones, especialmente en relación con posibles abusos de poder por parte de los poderes políticos”, expuso.
