Ciudad de México, 18 JUN.-En México se continúa criminalizando y violentando a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos productos de una violación.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que en centros de salud del país se siguen solicitando a pruebas de violación a mujeres y personas gestantes que deciden abortar.
Ana Peláez Narváez, relatora del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) detalló que, en México, personal médico exige una “justificación acreditada de violación”.
Durante el segundo día de evaluación al país, la relatora sostuvo que estas actitudes del sector de salud “aumentan la revictimización para una víctima de agresión sexual”.
“No se tiene que probar que hay una violencia sexual para atender y brindar un aborto seguro”, destacó.
Además, resaltó que, aunado a ello, se siguen presentando casos sobre esterilización forzada en grupos vulnerables como mujeres con discapacidad, detenidas o indígenas.
Por su parte, la relatora Pía Comella mostró la preocupación del Comité por el aumento de deserción escolar en México a causa de los embarazos adolescentes.
“Vemos una tasa elevada de abandono educativo por la falta de protocolos para las niñas y adolescentes que dejan de estudiar por embarazo”, comentó.
De acuerdo con la relatora, en México se carece de un sistema o protocolo que permita a las menores de edad que tienen un embarazo, poder reincorporarse a sus clases.
Asimismo, señaló que “también preocupan los altos índices de violencia sexual y acoso que se da en escuelas de nivel básico y superior ya sean de ámbito público o privado”.
“No se encontró evidencia que escuelas y universidades cuenten con un programa para luchar contra la violencia de género y se sancione o remueva a los agresores”, detalló.
Ausencia del Estado en el trabajo de cuidados
Otra de las temáticas que preocupó a la ONU fue la carga desigual que realizan las mujeres en el trabajo de cuidados.
La relatora H Mu sostuvo que en México apenas el 45 por ciento de las mujeres se integra al mercado laboral ya que tienen a su cargo a su familia y son las principales cuidadoras.
Cifras del INEGI destacan que en el país en 2022, 31.7 millones de personas se dedicaron a la labor de cuidados; 71.5 por ciento fueron mujeres y 24.9 por ciento hombres.
“Por la doble jornada de trabajo; el remunerado y el de cuidados, muchas mujeres acceden a empleos mal remunerados o en el sector informal, carecen de seguridad social y el cuidado las deja agotadas para atender su propia salud”, explicó la relatora.
Ante ello, se recomendó al Estado mexicano a implementar el Sistema Nacional de Cuidados a nivel nacional.
En su participación, la relatora Toledo Vásquez también solicitó a México implementar acciones “más humanas y sencillas” para la obtención de documentos.
De acuerdo con su participación, en el país hay grupos vulnerables como mujeres indígenas o mujeres transgénero que enfrentan diferentes dificultades para tramitar sus documentos oficiales como acta de nacimiento o CURP.
“El Estado debe acercarse a zonas remotas e incluso de tránsito para que mujeres migrantes, en situación de calle, indígenas y transgénero entiendan y tengan cerca un módulo para obtener documentos de identidad”, declaró.
México acepta que aún faltan acciones para responder a ciertos retos
La titular de la delegación mexicana y secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, agradeció las observaciones de las relatoras.
Desde Suiza, la funcionaria mexicana aceptó que el país tiene retos y tareas que aún debe resolver y que requieren mayor atención.
“Estamos abiertos a la crítica y al cuestionamiento. En México estamos viviendo una transformación que se verá reflejada en todas las áreas y secretarías del país. Sabemos que hay retos y que algunos llevan más tiempo o implican más presupuesto o incluso tienen más resistencias”, compartió.
La secretaria de las Mujeres dijo que “con la primera presidenta de México se enriquecerá la perspectiva de género en el país”.
Las autoridades mexicanas señalaron que “persisten desafíos que deben ser atendidos de manera decidida y coordinada en estrecha colaboración con la sociedad civil”.
Además, destacaron que “el acceso a la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición siguen siendo pendientes para una vida libre de violencias para las niñas y mujeres del país”.
Citlali Hernández puntualizó que “se espera que las observaciones finales del Comité CEDAW constituyan una guía para fortalecer el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que garanticen a todas las mujeres, jóvenes y niñas un país más justo, incluyente y libre de violencias para todas”.
La delegación mexicana estuvo integrada por representantes de las Secretarías de las Mujeres, de Relaciones Exteriores, de Salud; los Institutos Mexicano del Seguro Social, el Nacional de Estadística y Geografía, y el Nacional Electoral; la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el Senado de la República; el Consejo de la Judicatura Federal y del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.
