Ciudad de México, 30 SEP.-Las instituciones de seguridad, procuración de justicia y penitenciarias en México se encuentran en un estado que impide que cumplan con sus obligaciones de ley por la crisis de debilidad que atraviesan y que amenaza con agravarse en los próximos años advirtieron las organizaciones civiles Causa en Común, Perteneces e Impunidad Cero.
La mitad de las policías estatales carece de un sistema de servicio profesional de carrera. Además, la profesionalización en las fiscalías presenta “lagunas preocupantes” que afectan la calidad de las investigaciones, mientras que la mayoría de los penales enfrenta “notables restricciones” en su capacidad de gestión técnica y presupuestaria, señalan en el estudio Informe de Transparencia sobre el Desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y Penitenciarias.
El informe advierte que este “abandono” ha generado costos sociales, económicos y políticos para el país, al propiciar una creciente militarización “a todas luces inoperante” para efectos de seguridad pública e incompatible con una democracia moderna.
“A nivel estatal, las policías, fiscalías y penales enfrentan un deterioro creciente por la falta de políticas nacionales efectivas y por la disminución de fondos federales, a costa del incremento de los presupuestos controlados por las Fuerzas Armadas”, señala el documento.
Instituciones en riesgo
Las organizaciones prevén que el deterioro institucional continúe, en paralelo con la “destrucción” del Poder Judicial y la profundización de la militarización de la seguridad pública.
El informe advierte que el país puede contar con cada vez menos información confiable, ya que muchas instituciones operan como “cajas negras” debido al abuso en la clasificación de datos reservados, respuestas evasivas a solicitudes de información y deficiencias en la generación de estadísticas públicas coherentes.
Deficiencias en las policías
El estudio detalla que casi la mitad de las policías estatales no cuentan con un sistema profesional de carrera y que sus áreas de formación presentan graves carencias de infraestructura y planeación.
A ello se suma que muchos cuerpos de seguridad no garantizan prestaciones básicas como seguros de salud, de invalidez o servicios funerarios, y que persisten limitaciones en equipamiento e infraestructura, así como una falta de planificación en los procesos académicos.
En el ámbito disciplinario, se evidencian debilidades en los mecanismos de supervisión, inspección e investigación interna, lo que dificulta la prevención de conductas ilegales. También se detectó que la mayoría de las corporaciones incumple con la obligación de establecer sistemas complementarios de seguridad social y con los mecanismos para regular, evaluar y rendir cuentas sobre el uso de la fuerza.
El informe subraya además discrepancias en la información entregada por las instituciones, como ocurre con las cifras de cadetes egresados de las academias policiales, que no coinciden con el número de ingresos reportados, lo cual plantea dudas sobre los procesos de contratación y sugiere la incorporación de personal externo no acreditado.
Debilidad en las fiscalías
Las fiscalías, por su parte, tampoco cumplen con estándares mínimos. El documento señala que los mecanismos de designación y remoción de fiscales permiten la injerencia directa de los Ejecutivos estatales, lo que convierte en letra muerta la autonomía de estas instituciones.
Asimismo, la carrera ministerial muestra serias debilidades por la ausencia de procesos claros y transparentes de promoción por mérito, lo que afecta la motivación y el desarrollo profesional de los ministerios públicos.
De acuerdo con el informe, se observa una heterogeneidad significativa en el desarrollo e implementación del Servicio Profesional de Carrera (SPC) en las instituciones de procuración de justicia. Aunque 18 de las 32 fiscalías (56%) reportaron contar con algún marco normativo que regula el SPC, la sola existencia de estos documentos no se traduce consistentemente en una operatividad efectiva, consideraron las organizaciones.
Un hallazgo central, que evidencia el anterior punto, destacan, es que solamente cinco fiscalías realizaron algún tipo de convocatoria de promoción de grados en 2024 para sus perfiles sustantivos.
Riesgos en los centros penitenciarios
En el caso de los centros penitenciarios, el estudio reporta que 22 estados carecen de una ley especializada en la materia y que 13 entidades no cuentan con ningún centro con certificación internacional.
También se documentan condiciones de desigualdad para las mujeres custodias y la ausencia de protocolos contra la violencia de género dentro de las prisiones. Incluso, se detectaron inconsistencias en los registros sobre la capacidad institucional e infraestructura penitenciaria, pues algunos estados reportaron menos centros activos de los que aparecen en otras fuentes oficiales.
El informe señala que se deja en evidencia que los obstáculos y limitaciones que existen en cuanto a la calidad de información que debería estar completa, actualizada y de fácil acceso al público sobre estas instituciones, y es que si bien en este sentido, las organizaciones detectaron algunas buenas prácticas institucionales de transparencia, se advierte, los obstáculos para acceder y procesar la información solicitada fueron reiterados, como información deficiente; excesos en la reserva de información y retrasos, maniobras dilatorias y casos extremos de opacidad.
