Ciudad de México, 11 SEP.-Durante la primera sesión ordinaria de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que alcanzaron a debatir solo tres de los 15 asuntos que tenían enlistados, las y los nueve ministros arrancaron el debate pronunciado diversos posicionamientos políticos, haciendo notar las primeras diferencias en cuanto sus criterios y sin utilizar un lenguaje accesible para la ciudadanía.
En sus discursos iniciales, las y los ministros coincidieron en agradecer a la ciudadanía por ejercer su voto en las pasadas elecciones judiciales, mismo que les permitió llegar al Máximo Tribunal del país. Además, coincidieron en la promesa de defender la Constitución frente a actores públicos o privados, no abusar de su poder y mantener abiertas las puertas de la Corte al público.
Sin embargo, durante el desarrollo de la sesión, los nuevos ministros también mostraron sus primeras diferencias en cuanto a criterios en asuntos como las consultas ciudadanas a poblaciones indígenas y personas con discapacidad y sus facultades para modificar las resoluciones emitidas por los poderes legislativos.
Una primera sesión de cuatro horas que se desarrolló sin la presencia del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, que participó a distancia debido a que continúa convaleciente tras sufrir un accidente automovilístico, y sin que las y los ministros se apegaran del todo a su nuevo reglamento, en el que establecieron que los jueves debatirán asuntos de materias administrativas y laborales.
Evento que comenzó con la presencia de estudiantes de la Escuela Superior de Actopan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pero terminó con la presencia de solo algunos integrantes de las ponencias de los ministros y periodistas que cubrieron el evento, en el que primó más el lenguaje jurídico que el ciudadano.
Ministros arrancan sesión con posicionamientos políticos
Previo a iniciar el debate del primer asunto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa aprovechó la oportunidad para agradecer a las personas que votaron en las pasadas elecciones judiciales, mismas que le permitieron ocupar nuevamente un puesto como ministra, así como ofrecer a sus compañeras y compañeros de Pleno un “diálogo y debate respetuoso”.
“La soberbia de quien no escucha con atención y con entendimiento a las partes se erige como la antítesis de la justicia, ya que decir el Derecho de suyo implica abrir nuestro entendimiento y comprender que hay frente a nosotros otros seres humanos que defienden una causa que consideran justa, y que merecen ser oídos con toda la amplitud posible antes de decidir quién tiene la razón”, señaló.
La ministra también aseguró que se mantendrá “lejana de todo tipo de influjos que pretendan sesgar la interpretación constitucional”, aunque garantizando tomar en cuenta a todas las partes.
“Es tiempo de unidad nacional, el ataque gratuito a quien no piensa como nosotros no nos hace mejores ciudadanos. Desde mi cargo trataré de contribuir a que todas las mexicanas y mexicanos, con independencia de la actividad a la que se dediquen, desde el más modesto trabajador rural o urbano, hasta quienes por su honesto esfuerzo han acumulado riqueza, sepan que mi actuación responderá a ese Libro que nos abraza y nos une, que es la Constitución Mexicana”.
La ministra Lenia Batres Guadarrama también hizo uso de la palabra para decir que en el voto popular emitido el pasado 1 de junio la ciudadanía se pronunció por un actuar transparente del Poder Judicial de la Federación (PJF).
“Abrir las puertas de esta Corte a la población ha sido una primera muestra de nuestra disposición para acatar ese pronunciamiento. Ahora sigue un actuar con apego a nuestra Constitución, respetando, promoviendo, protegiendo y garantizando todos y cada uno de los derechos humanos, los derechos individuales y los derechos colectivos y sociales también”.
Además, aseguró que la justicia también significa no abusar del poder, lo que se traduce en combatir abusos como la corrupción, la apropiación indebida de recursos públicos y la deformación de la interpretación de la ley para beneficio indebido de alguien.
“Por eso, festejo que el primer acto de este Pleno haya sido manifestarse y solicitar al Órgano de Administración Judicial el acatamiento del artículo 127 fracción II de nuestra Constitución, que dice que ninguna persona servidora pública puede recibir una remuneración mayor que la de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal”.
Por su parte, la ministra Loretta Ortiz Ahlf también pidió el uso de la palabra para dar la bienvenida a las y los nuevos ministros de la Corte:
“Les deseo el mayor de los éxitos y reitero mi plena disposición para construir con diálogo y apertura una agenda común que nos permita responder a la altura de la historia y fortalecer la justicia en beneficio del pueblo de México”.
De las y los nuevos juzgadores, el primero en hablar fue el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía que aseguró que las y los ministros deben hacer valer el contenido de la Constitución “frente a actores públicos o privados que pudieran ponerla en entredicho”.
“Así, debemos asegurar que las resoluciones que emitamos no solo se basen en el ordenamiento jurídico, en la jurisprudencia y estén bien argumentadas en sólidos fundamentos, sino que también tengan en cuenta las diversas realidades que enfrenta nuestra nación y que al mismo tiempo sea breve y clara para contribuir a un sistema de justicia más equitativo y accesible.
Por ello, es determinante un diálogo abierto y cortante con la comunidad, con los poderes ejecutivo y legislativo, así como con los diversos niveles de gobierno, para fortalecer juntos el Estado de Derecho y el bienestar común. Asumo ese compromiso”, agregó.
Finalmente, el ministro Irving Espinosa Betanzo volvió a considerar que la Corte debe ver por quienes históricamente han sido excluidos, marginados y desfavorecidos.
“Por eso tengan la seguridad que el encargo que se me ha confiado tendrá por fin garantizar los derechos humanos, consolidar el régimen democrático y republicano de nuestra nación, privilegiando el interés general. Ejercer el derecho de tal forma que, a través de nuestras decisiones, se transforme nuestra realidad, pero que principalmente transforme la de los grupos en situación de vulnerabilidad que durante mucho tiempo han sido excluidos”.
Diferencias en los criterios y ausencia de un lenguaje ciudadano
Las primeras diferencias en cuanto a sus criterios marcaron parte sustancial de la primera sesión ordinaria de la nueva integración del Pleno de la Corte.
La primera diferencia ocurrió durante el debate de una acción de inconstitucionalidad (186/2023) promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la que impugnó diversas reformas a leyes de salud en el estado de Chihuahua.
La CNDH argumentó que las reformas a la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua, la Ley Estatal de Salud y la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil eran inválidas debido a la falta de consulta previa a personas con discapacidad.
Sobre este asunto, el primero en posicionarse fue el ministro presidente Hugo Aguilar que cuestionó que la Corte fuera a invalidar una norma “por el simple hecho de que no hubo consulta”.
“Si hacemos esto estaremos dando al derecho de consulta -que es un derecho procedimental, político y de participación en la toma de decisiones- un nivel más alto que al derecho sustantivo […] No debemos, por solamente faltar la consulta, invalidar todo el cuerpo normativo, porque podemos incurrir en el exceso de invalidar normas que claramente pueden ser favorables al sector que estamos intentando proteger”, dijo.
En respuesta, la ministra Loretta Ortiz señaló que de acuerdo con la normativa internacional es de suma importancia el derecho a la consulta.
“Es cierto que (en el pasado) se abusó de la figura en el proceso legislativo, incluyéndolo como una parte para poder invalidar equis norma, pero está el caso opuesto en que la consulta, por ejemplo, en el caso de una población indígena que, si no es por la reforma que tenemos ahora, no tendrían otra manera de actuar a su favor[…] porque no tienen otro medio para hacer valer sus derechos”.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa también coincidió en que la Corte no puede ser la que decida en qué casos sí y en qué casos no se deben realizar las consultas, pues “estaríamos sustituyendo su voluntad y colocándonos en un papel que no nos corresponde”.
Un criterio que incluso fue apoyado por los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía, que dijo que “es esa población vulnerable quien debe decidir”, el ministro Irving Espinosa Betanzo que consideró que sí se requiere una “consulta de fondo” y el ministro Arístides Rodrigo Guerrero que, aunque coincidió en que “se ha abusado de esta noble figura” también señaló que resulta necesaria.
Por siete votos a favor y dos en contra de las ministras Lenia Batres y María Estela Ríos, la Suprema Corte declaró la invalidez Ley de Salud Mental del estado de Chihuahua, para que el Congreso local haga una consulta a las personas con discapacidad, aunque declararon la validez de otras modificaciones realizadas a la Ley Estatal de Salud y la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
En este asunto, la ministra María Estela Ríos González también pidió a sus compañeros “ser respetuosos de la voluntad del legislativo y no asumirnos más allá de nuestras facultades a la hora de resolver los asuntos”.
“Si el legislativo ha emitido nuevas normas es porque ha sido elegido democráticamente y pasó por un proceso. Y en todo caso, en cada caso concreto, develar la verdadera voluntad del legislador: si la voluntad del legislador fue modificar las normas porque está en su potestad de hacerlo o simplemente trató de impedir que se cumpliera una disposición de declarar inválidas esas normas”.
