Javier Domínguez
5 de febrero de 2026. Tuxtla Gutiérrez.— La presidenta del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, afirmó que la reforma aprobada este jueves para modificar la Ley Federal de Armas y Explosivos responde a un reclamo social por mayor seguridad y busca equilibrar la capacidad de respuesta del Estado frente al crimen organizado.
“La pacificación de Chiapas no es una causa personal del gobernador; es un mandato del pueblo hacia sus autoridades”, sostuvo.
La legisladora explicó que el objetivo central de la iniciativa es dotar a las corporaciones estatales de armamento de mayor capacidad, ante la ventaja logística y operativa que actualmente poseen los grupos delictivos.
“No podemos permitir que el crimen organizado esté mejor armado que el Estado. Se trata de equilibrar este combate frontal para proteger a la ciudadanía”, subrayó.
Al tratarse de una modificación a una ley federal y a la Constitución, el decreto deberá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. De ser aprobado, permitiría que todas las entidades del país puedan acceder legalmente a este tipo de equipamiento.
“Estamos enviando este documento al Congreso de la Unión para que se convierta en una reforma federal y que todos los estados cuenten con las herramientas necesarias”, explicó.
Cuestionada sobre si la iniciativa contempla mejoras laborales para los cuerpos policiales, Gómez Mendoza aseguró que el Gobierno del Estado ya ha avanzado en este rubro, destinando recursos para incrementos salariales, renovación de uniformes, adquisición de equipamiento y fortalecimiento de la capacitación.
La reforma se inscribe en una política estatal de cero corrupción y cero impunidad, orientada —según sus promotores— a salvaguardar la vida y el bienestar de las familias chiapanecas.
