Por Javier Domínguez
22 de abril de 2025 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
La muerte del youtuber conocido como El Coyote Consentido, quien se encontraba recluido en el penal “El Amate” por delitos relacionados con Material de Abuso Sexual Infantil, no debe representar el cierre del caso, advirtió la organización de la sociedad civil Reinserta.
De acuerdo con la organización, a pesar de haber sido condenado a más de 100 años de prisión, el youtuber continuaba abusando sexualmente de niñas y niños dentro del centro penitenciario, lo que evidencia una grave falla estructural en el sistema de justicia y reinserción social en México.
“Su deceso debe volver a encender todas las alertas sobre las fallas estructurales del sistema penitenciario que permitieron que estos abusos continuaran incluso al interior de un centro de reclusión”, expuso Reinserta en un comunicado.
La organización señaló que esta situación deja en evidencia la evasión de controles de seguridad básicos que permiten a agresores sexuales seguir delinquiendo, imposibilitando cualquier proceso real de reinserción social.
Reinserta ha documentado al menos cinco casos confirmados de abuso sexual infantil dentro de centros penitenciarios en el país, lo que, aseguran, refleja una crisis sistémica de protección a las infancias en espacios que están bajo custodia y responsabilidad del Estado.
“En México, niñas y niños siguen siendo abusados sexualmente dentro de espacios donde el Estado tiene total responsabilidad. Esto ocurre porque impera la omisión, la negligencia y, en muchos casos, la corrupción y complicidad institucional”, sentenció la organización.
Asimismo, denunciaron la falta de protocolos efectivos de separación, monitoreo y vigilancia, lo que permite que estos delitos se cometan con total impunidad. Las autoridades encargadas de promover la reinserción social carecen de medidas especializadas para el tratamiento y control de agresores sexuales, indicaron.
A esto se suma la presencia de niñas y niños al interior de los centros penitenciarios bajo filtros de seguridad mínimos. Una vez dentro, se enfrentan a la carencia de espacios seguros, la falta de tecnología, y la escasez de personal capacitado, condiciones que propician que continúen los abusos.
Finalmente, Reinserta alertó sobre la falta de controles internos y los vacíos legislativos en el tratamiento de personas privadas de la libertad por delitos sexuales, haciendo un llamado urgente a las autoridades para garantizar la protección de la niñez en estos entornos de alta vulnerabilidad.
