Javier Domínguez
18 de septiembre del 2025. Tuxtla Gutiérrez.-
En las frías celdas de los penales chiapanecos, cientos de mujeres enfrentan una doble condena: la privación de la libertad y el abandono, tanto del Estado como de sus propias familias. Una realidad marcada por el olvido y la desidia, que apenas es contenida por los esfuerzos aislados de organizaciones civiles.
Jacivi Gómez, presidenta de la Fundación Unidas por la Sangre, lleva 16 años visibilizando esta problemática. Desde su experiencia, asegura que la necesidad crece día a día mientras los apoyos oficiales siguen ausentes.
“Lamentablemente, la mayoría de las mujeres en prisión no reciben visitas, las familias las dejan en el olvido. Mueren en el olvido, esa es una realidad”, expresó con crudeza.
La situación en los centros penitenciarios de Chiapas —con el CERSS El Amate en Cintalapa como el de mayor población femenina, seguido de San Cristóbal y Tapachula— es alarmante. Las internas carecen de lo más elemental: atención médica, psicólogos, medicamentos e incluso artículos de higiene como toallas sanitarias.
“Tampoco hay un servicio médico”, recalcó Gómez, señalando la grave vulneración a derechos humanos que convierte el encierro en una sentencia de alto riesgo para la vida.
La crisis se extiende a sus familias. Muchas de estas mujeres son madres, y sus hijos suelen quedar al cuidado de los abuelos maternos sin apoyo alguno. Durante este regreso a clases, la fundación entregó útiles escolares y 70 mochilas a hijas e hijos de reclusas, un gesto que apenas alivia la precariedad de la que son víctimas.
Otro aspecto crítico es la falta de ingresos durante la reclusión, lo que impide a las internas ahorrar para su reinserción. Al recuperar la libertad, enfrentan un muro social de estigmatización, que dificulta su acceso a una segunda oportunidad. “Les cuesta mucho”, admitió Gómez.
Ante la indiferencia estatal, las organizaciones civiles actúan como un salvavidas. Con la recolección de víveres, ropa y artículos de higiene personal, logran armar kits de auxilio que se entregan al menos una vez al año, una respuesta mínima ante una emergencia permanente que sigue esperando soluciones estructurales.
