Ciudad de México, 19 JUN (apro).-Organizaciones de la sociedad civil aseguraron que el Estado mexicano “quedó a deber” en su décima evaluación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), pues fue incapaz de presentar “evidencia verificable de avances reales en materia de justicia, participación económica, política y eliminación de la discriminación hacia las mujeres”.
Por el contrario, lamentaron que la delegación que encabezó la secretaria de las Mujeres (SeMujeres), Citlalli Hernández Mora, “haya recurrido a evasiones, datos parciales y narrativas triunfalistas, mientras las violencias contra las mujeres persisten y se agravan en el país”.
Luego de que ayer terminó la comparecencia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el Comité integrante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), hicieron un repaso de las principales críticas y preguntas del CEDAW y cómo el gobierno mexicano evitó responderlas.
En un comunicado conjunto, criticaron que, pese a que el Estado “afirmó que los feminicidios han disminuido, las cifras oficiales cuentan otra historia: en los últimos seis años, no se ha logrado una disminución efectiva”. Y recordaron que, en promedio, 10 mujeres son asesinadas al día en el país.
De esos crímenes, siguieron, solo 25% se investigan como feminicidio, y en estados como Guerrero o Guanajuato, esta cifra es menor a 10 por ciento. Entonces, sentenciaron que “negar la gravedad de la violencia feminicida no la erradica: la invisibiliza y revictimiza a quienes han perdido la vida y a sus familias”.
Retrocesos
De acuerdo con el ONCF y la Red TDT, el CEDAW también señaló la “falta de datos estadísticos claros y actualizados, lo que impide evaluar si las políticas públicas realmente han beneficiado a las mexicanas”.
De la misma forma, siguieron, el Comité lamentó el “debilitamiento de instituciones clave” como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), además de la “militarización que vulnera de forma particular a mujeres indígenas, migrantes y afrodescendientes”.
Los denunciantes agregaron que uno de los “retrocesos más alarmantes” es el desmantelamiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujere (Conavim), que “pone en riesgo” la continuidad del mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y “viola” el principio de progresividad en materia de derechos humanos.
Evasivas y narrativas oficiales
Según las organizaciones denunciantes, en la audiencia en Ginebra, la delegación mexicana que encabezó Citlalli Hernández “evitó responder preguntas clave del Comité, entre ellas, el cumplimiento de los artículos 8 al 16 de la Convención, que abarcan temas como salud, trabajo, educación, justicia y condiciones jurídicas en el ámbito familiar”.
En cambio, dijeron que la exsecretaria general de Morena “se limitó a resaltar la narrativa oficial del ‘Tiempo de Mujeres’ sin aportar datos concretos que acrediten los supuestos avances”.
También destacaron que el Estado presumió el Mecanismo de Protección a Defensoras y Periodistas, “pero sus cifras muestran su ineficacia: solo mil 472 de dos mil 128 solicitudes fueron aceptadas y las medidas otorgadas siguen siendo reactivas y limitadas”.
Más: Entre 2018 y 2024, fueron asesinadas cuatro periodistas y 39 defensoras, principalmente indígenas y cuidadoras comunitarias.
Respecto al aborto y salud sexual y reproductiva, dijeron que el Estado omitió obstáculos reales: “la falta de personal capacitado, la objeción de conciencia sin regulación y la criminalización persistente en al menos ocho estados”.
En un trimestre de 2025 se abrieron 218 carpetas de investigación por aborto, incluso en entidades donde ya está despenalizado.
En el Comité, el gobierno presentó el Programa Nacional contra la Trata de Personas como una “columna vertebral” para atender este problema. No obstante, las organizaciones denunciaron que el Programa 2022-2024 “no tuvo presupuesto”, por lo que demandaron que el nuevo programa tenga “un presupuesto específico para su mejor implementación”.
“Nos quedó a deber”
El ONCF y la Red TDT consideraron que la comparecencia del Estado mexicano terminó “sin que el Comité pudiera cerrar su evaluación” y que, por ello, México deberá entregar por escrito las respuestas “que evadió, como muestra del déficit de rendición de cuentas que enfrenta nuestro país en materia de derechos de las mujeres”.
Tampoco, siguieron, logró “acreditar avances reales ni sustantivos. No hay ‘tiempo de mujeres’ mientras no se garantice el derecho a la vida, la justicia y la igualdad. No hay avances si seguimos contando a nuestras muertas”.
Para terminar su posicionamiento, las organizaciones enlistaron sus exigencias al gobierno de Claudia Sheinbaum:
Que responda de manera “puntual y verificable” a los cuestionamientos de la CEDAW.
Reinstalación de Conavim o la creación de un órgano con igual o mayor capacidad técnica y presupuestaria.
Homologación de los códigos penales estatales, así como la aprobación de un Código Penal Único con perspectiva de género.
Transformación del mecanismo de protección para defensoras y periodistas con una estructura sólida, especializada y con enfoque interseccional.
Garantía de acceso real y efectivo al aborto legal y seguro, con servicios accesibles, personal capacitado y sin criminalización.
Reconocimiento y respeto de los derechos de las madres buscadoras, defensoras indígenas, comunitarias y periodistas, y que ninguna más tenga que elegir entre su lucha y su vida.
Dotación de recursos suficientes a los refugios existentes que atienden a mujeres y niñas víctimas de trata y la creación de nuevos refugios especializados para atender a todas las víctimas que necesiten dicha atención.
Incluir en el nuevo Programa en materia de trata de personas 2025-2030 los contenidos sugeridos por la sociedad civil en la prevención y atención de este problema.
