Ciudad de México, 30 JUN.-La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunció el uso de instituciones del Estado, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, para “perseguir y amedrentar” a quienes investigan y denuncian casos de corrupción en el país.
Dicho señalamiento se da luego de que la periodista Peniley Ramirez, columnista del diario Reforma, reveló que la UIF abrió investigaciones en contra de María Amparo Casar, presidenta de MCCI, Claudio X. González, fundador de la organización, Max Kaiser y otros cuatro fundadores, luego de que en mayo de 2023 la organización publicó una investigación con el título “Directivo de Segalmex operó en la red de los amigos de Andy”.
En esa investigación periodística se explica que Hugo Buentello Carbonell, a quien se identifica como amigo de Andrés López Beltrán, hijo del presidente, formaba parte de una red de empresarios que obtuvieron contratos millonarios durante el actual sexenio, además de que fue funcionario en una de las instituciones del caso Segalmex, en donde “firmó un contrato por 86 millones de pesos” para el abasto de 50 mil bolsas de leche en polvo de las que no se encontró evidencia.
De acuerdo con Ramírez, luego de esta publicación la UIF solicitó a todos los bancos del país información de diversas personas relacionadas al caso, pero también de Amparo Casar, X. González y Kaiser, los otros fundadores e, incluso, de abogados que los han representado.
Ante esta revelación, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señaló que “el uso arbitrario de los poderes del Estado que únicamente ejercen su libertad de expresión (…) es un precedente peligroso e inaceptable en un régimen democrático”.
La organización se posicionó sobre la investigación que se está realizando contra la presidenta y sus fundadores, derivado a la “coincidencia” que arrancó después de la publicación que involucra al hijo del presidente López Obrador en el desvío de recursos públicos.
La organización también menciona que el “poder del Estado mexicano” debería estar dirigido al desmantelamiento de las redes de corrupción de ese y otros sexenios y no “a quienes las investigan y denuncian con pruebas documentales”.
Desde Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expresamos nuestra profunda preocupación por la serie de revelaciones que evidencian la utilización de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sin ninguna justificación aparente, para perseguir y amedrentar a personas relacionadas con la investigación y denuncia de redes y casos de corrupción en México”, se lee en el comunicado publicado en redes sociales.
Acusaron que se trata de un precedente peligroso e inaceptable en el régimen democrático.
“El poder del Estado mexicano debería dirigirse al desmantelamiento de las múltiples redes de corrupción documentadas ampliamente en éste y otros sexenios como el desvío de más de 15 mil millones de pesos en Segalmex. No a quienes las investigan y denuncian con pruebas documentales”, sentenció MCCI.
Tanto María Amparo Casar como Claudio X. González y Max Kaiser tenían conocimiento de que estaban siendo investigados por la UIF, de acuerdo con lo que le dijeron a la propia columnista de Reforma.
En semanas recientes, el presidente López Obrador y otros funcionarios del Gobierno han presentado información falsa y engañosa sobre el caso de la pensión que recibe María Amparo Casar, tras el fallecimiento de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla García quien trabajó en Pemex hace 20 años.
