En la Mira, por Héctor Estrada ·
Con un pico de deuda pública general superior a los 22 mil millones de pesos durante los últimos siete años, Chiapas pasó, en menos de tres sexenios, de ser una de las entidades con menos compromisos financieros a una de las más endeudadas del país… pero, ¿quién o quiénes son los verdaderos responsables de complejo endeudamiento público en el estado?
A principios del actual siglo, con la salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la administración estatal, el primer gobierno de alternancia en Chiapas recibió las arcas estatales como una deuda pública de alrededor de mil millones de pesos, que el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía decidió administrar sin mayores variaciones.
Así, al terminar ese sexenio Chiapas había alcanzado su mayor pico de deuda pública (estatal y municipal) en 2005, contabilizando poco más de mil 400 millones de pesos en total. Sin embargo, antes de concluir su administración, Salazar Mendiguchía decidió pagar por completo la deuda del gobierno estatal, dejando vigente sólo la deuda de los municipios calculada en apenas 887 millones de pesos.
Con una entidad entre los estados menos endeudados del país, para ese entonces la deuda pública no significó un tema de mayor preocupación en medio del relevo sexenal. No obstante, el punto de quiebre para las finanzas públicas estatales no tardaría en llegar.
El nuevo gobierno de Juan Sabines Guerrero no demoró mucho en solicitar el primer gran endeudamiento de su sexenio. A menos de un año de tomar protesta, en 2007, Sabines adquirió su primera deuda pública por más de cinco mil 120 millones de pesos. Para febrero del siguiente año fueron 658 millones y en 2009 otros dos mil 409 millones (400 millones en febrero y dos mil millones en diciembre de ese mismo año con Banobras).
Desde la llegada de Sabines Guerrero, solamente en 2010 no se registró adquisición de nueva deuda. Para junio de 2011 la administración sabinista sumó un nuevo compromiso por 4 mil 863 millones 774 mil pesos, y en diciembre un nuevo monto por 5 mil 469 millones de pesos en deuda bursátil a través del grupo financiero INVEX.
Fue este último préstamo el más comprometedor para Chiapas durante su administración, pues se adquirió bajo condiciones desfavorables para la entidad, comprometiendo fondos estatales en garantía y basado en Unidades de Inversión (UDIS) que hicieron del compromiso financiero una deuda compleja de pagar a corto plazo.
Pero ahí no paro todo durante el gobierno de Sabines. En 2012, meses antes de dejar el gobierno, Sabines solicitó mil millones adicionales. De esta forma, para el final de su gobierno, entre pagos, reajustes y nuevos compromisos, Juan dejó a Chiapas como una deuda pública de alrededor de 16 mil 400 millones de pesos, significado un monto nunca antes alcanzado por la entidad.
Ante ese escenario Manuel Velasco Coello asumió la gubernatura asegurando que se tomarían “medidas responsables para frenar la inercia de endeudamiento que arrastraba Chiapas”. Sin embargo, la promesa hecha al inicio de su gestión no se cumplió.
El 7 de agosto de 2014, a menos de dos años de haber tomado protesta, según información oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Velasco Coello adquirió una nueva deuda pública de siete mil 244 millones de pesos ante Banobras, además de un crédito por dos mil 181 millones, contratado con Banorte y autorizado por el Decreto No.284.
Mil 922.4 millones de pesos del último crédito fueron utilizados desde a finales de 2014 y los restantes 259 millones quedaron disponibles para ser usados a partir de enero de 2017. Así, en 2018 Chiapas terminó por alcanzar su pico histórico de deuda pública, acumulando un monto total de 22 mil millones de pesos.
En sólo 10 años Sabines y Velasco habían colocado a Chiapas entre las entidades más endeudadas del país, con un escenario financiero por demás complejo y una administración pública estatal prácticamente empeñada ente sus acreedores, millones en salarios burocráticos pendientes y serias irregularidades ante la Auditoría Superior de la Federación (ASE) por el uso indebido de los recursos.
En este contexto llegó Rutilio Escandón Cadenas a la gubernatura. La administración de Escandón tuvo que sumirse en un esquema de austeridad generalizada que terminó por inutilizar al gobierno durante varios años, logrando bajar en dos mil millones la deuda publica y mantenerla en alrededor de 20 mil millones de pesos de deuda por la gran parte del resto del sexenio.
Al final, con un pago adicional al monto de intereses y al grueso de la deuda, Escandón Cadenas terminó dejando una deuda pública general de 18 mil 800 millones de pesos. Así lo confirmó recientemente el propio secretario de Finanzas en Chiapas, Manuel Pariente Gavito, al tiempo de anunciar una restructuración a la deuda bursátil heredada desde el gobierno de Juan Sabines Guerrero que, dijo, se había vuelto impagable.
La deuda pública chiapaneca, calificada como criminal por el nuevo gobierno, enfrenta ahora una reestructuración para convertir la emisión bursátil que se tiene en UDIS a pesos, y liberar fondos estatales en garantía. El cambio promete reducir gradualmente el monto, mediante compromisos de deuda que, a decir verdad, lamentablemente los chiapanecos tendrán que pagar hasta 2036, gracias a la irresponsabilidad, saqueo y avaricia de gobiernos pasados, protegidos por viejos pactos de impunidad… así las cosas.
