LOGRAN recomendación por muerte de indígena en el penal de San Cristóbal

Por Javier Domínguez

19 de junio de 2025 | Tuxtla Gutiérrez

Cinco años después de la muerte de Adolfo Gómez Gómez en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de las Casas, su familia indígena ha logrado obtener una recomendación por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). El documento reconoce que Adolfo fue víctima de tortura y extorsión, y responsabiliza a las autoridades de su fallecimiento.

Adolfo, artesano y vendedor de arte, fue detenido en 2020 acusado de participar en el secuestro del menor Dylan. Su esposa, María, relató que tres días después de su detención, su hija también fue alertada sobre una posible aprehensión, la cual se concretó el 23 de junio de ese año, cuando autoridades del DIF y de diversas fiscalías catearon su domicilio en el barrio Tlaxcala.

A pesar de que la familia insistió en su inocencia, asegurando ser personas trabajadoras y honestas, el caso continuó su curso bajo acusaciones que, afirman, fueron fabricadas. Adolfo falleció el 27 de julio de 2020 en el penal de San Cristóbal. Desde entonces, su familia denunció que fue torturado hasta la muerte.

Patricia Arasil, integrante de la Colectiva Cereza, organización que ha acompañado a la familia en su lucha, aseguró que Adolfo fue extorsionado y torturado durante las madrugadas, con el objetivo de forzarlo a confesar el paradero del menor. “Se le abrían las celdas conyugales de madrugada y era torturado para que dijera dónde estaba el niño Dylan”, declaró.

Tras una batalla legal y social que se prolongó por casi cinco años, la CEDH emitió finalmente la Recomendación No. 5/2025, dirigida a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El documento reconoce violaciones graves a los derechos humanos de Adolfo Gómez Gómez.

La familia exige ahora una disculpa pública y una reparación integral del daño, argumentando que fueron víctimas de criminalización injusta, violencia institucional y un proceso plagado de irregularidades que ha afectado a decenas de sus integrantes.

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