La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción que presentaron los magistrados del 14 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México para que el máximo tribunal conozca de una queja presentada en contra del desechamiento de un amparo promovido en contra de la reforma de supremacía constitucional.
En noviembre del año pasado, un juzgado federal desechó por improcedente un amparo promovido por una asociación civil en contra del decreto sobre inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal, también conocido como supremacía constitucional.
En un contexto en el que la SCJN dio trámite a acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la reforma judicial, la mayoría calificada de Morena y aliados en el Congreso federal modificaron la Carta Magna para impedir que sea posible analizar la constitucionalidad de las reformas constitucionales.
La asociación civil promovente del amparo aseguró que dicha reforma de supremacía constitucional es contraria a derechos humanos y se aprobó mediante violaciones al proceso legislativo.
«Esa supremacía es la que dificulta por autorreferente que la Constitución sea juzgada a la luz de la propia Constitución. Se encuentra un gran obstáculo que impide la procedencia del juicio de amparo contra el contenido normativo de la Constitución», señaló la titular del juzgado en su negativa de analizar el amparo.
La asociación civil interpuso en diciembre un recurso de queja contra la decisión del juzgado de distrito, y en marzo de este año el tribunal colegiado propuso que la Suprema Corte conozca y resuelva el asunto.
Los magistrados del tribunal colegiado consideraron que el asunto es de relevancia jurídica e impacto social, por lo que es necesario que la SCJN se pronuncie al respecto.
Además, los magistrados destacaron que la asociación quejosa alega que la prohibición de impugnar reformas constitucionales es inconvencional, pues vulnera el derecho de acceso a la justicia al restringir los juicios de amparo en contra de modificaciones a la Constitución que sean violatorias a derechos humanos.
El asunto fue turnado al ministro Javier Laynez Potisek y radicado en la Segunda Sala de la Suprema Corte para que se analice si el máximo tribunal atrae o no el asunto.
Dicha sala está conformada por las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y el ministro Alberto Pérez Dayán; este último se pronunció, durante la discusión de la reforma judicial, en contra de que la Suprema Corte revise la legalidad de reformas a la Constitución si se analiza a través de acciones de inconstitucionalidad.
Sin embargo, sostuvo que sí es posible revisar el cumplimiento del proceso legislativo cuando una reforma constitucional es impugnada mediante un juicio de amparo.
