Ciudad de México, 01 SEP.-La reforma constitucional que este lunes sustituye a la mitad de los juzgadores a nivel federal ha socavado la independencia judicial y, por sus graves defectos, las autoridades mexicanas deben derogarla, afirmó Human Rights Watch (HRW).
El organismo internacional de derechos humanos, con sede en Washington, criticó la baja votación de la elección jurisdiccional, los acordeones y la selección de candidatos por parte de Morena, porque hace probable que el nuevo Poder Judicial sea más leal al gobierno.
«Mientras que la mitad del poder judicial federal tomará posesión de su cargo el 1 de septiembre, la otra mitad se elegirá en 2027. Las autoridades mexicanas deberían aprender de los graves defectos de las elecciones judiciales de 2025 y derogar esta reforma constitucional o, como mínimo, establecer salvaguardas sólidas para asegurar la integridad de la próxima ronda de elecciones judiciales en 2027», señaló HRW.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, cuestionó que la reforma pudiera hacer más afín al Poder Judicial con el Gobierno federal, mediante esta reforma que convierte a México en el único país del mundo que elige a la totalidad de sus jueces mediante el voto popular.
«Lejos de ser un esfuerzo por hacer que el poder judicial sea más democrático y eficiente, es probable que esta reforma sólo cree un poder judicial leal al gobierno», dijo Goebertus.
«Estaremos observando si la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumple con su responsabilidad de defender la Constitución y hacer que el gobierno rinda cuentas ante la ley».
La ONG sostuvo que el proceso de selección de candidatos para las elecciones judiciales se caracterizó por múltiples defectos e irregularidades, ya que, en enero, el Comité de Evaluación designado por el Poder Judicial dimitió tras una orden judicial que suspendía su labor.
Enseguida, el Tribunal Electoral transfirió su facultad de preseleccionar candidatos al Senado.
«En la práctica, eso significó que todos los candidatos fueron preseleccionados por comités de selección del poder ejecutivo y del Senado, donde el partido gobernante, Morena, y sus aliados tienen una mayoría de dos tercios», aseveró.
«Los 6 miembros elegidos del Tribunal Supremo fueron preseleccionados por el comité del Poder Ejecutivo, aunque algunos también habían sido incluidos por el Congreso. Se unirán a otros 3 que habían sido propuestos por el expresidente López Obrador. Los observadores de la OEA descubrieron que los seis miembros elegidos habían sido incluidos en «acordeones» que actores no especificados distribuyeron física y virtualmente para instar a la gente a votar por una lista concreta de candidatos».
También recordó que los comités de evaluación no aprobaron reglamentos que aclararan cómo evaluarían a los candidatos, determinarían si eran aptos para ejercer como jueces, o garantizarían que los comités utilizaran criterios similares.
Esos comités, agregó, tuvieron un plazo muy breve para preseleccionar a los candidatos, al grado que los del Senado y el Ejecutivo tuvieron que examinar en promedio 40 solicitudes al día, incluidos los fines de semana.
A continuación, las autoridades realizaron un sorteo para determinar cuáles de los candidatos seleccionados por los comités podían presentarse a las elecciones.
Además, sólo el 13 por ciento del padrón acudió a votar en la elección judicial, en lo que los observadores de la OEA describieron como «uno de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral».
«Los observadores de la OEA identificaron una serie de deficiencias en las elecciones, entre ellas, la falta de transparencia en la financiación y los gastos de las campañas», expuso.
«El relator especial de las Naciones Unidas para la independencia de los magistrados y abogados ha destacado la importancia de adoptar «procesos de nombramiento no políticos, vinculados estrictamente a la calidad y los méritos profesionales» de los candidatos judiciales».
HRW también criticó los amplios poderes que otorgó la reforma al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, para sancionar y destituir a los jueces, ya que los estándares internacionales establecen que los juzgadores deben tener garantizada su permanencia en el cargo y estar protegidos de la influencia política para garantizar decisiones basadas en los hechos y conforme a la ley.
