Ciudad de México, a 1 de mayo de 2025.- Organizaciones civiles como Defensorxs, Laboratorio Electoral y Politiklab presentaron una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra once aspirantes a cargos judiciales, a quienes acusan de mantener presuntos vínculos con grupos delictivos y con la organización religiosa La Luz del Mundo, señalada en otras jurisdicciones por actividades ilícitas.
Las agrupaciones argumentaron que estos perfiles no cumplen con el requisito constitucional de buena reputación, indispensable para ejercer como juzgadores. Entre los casos denunciados destaca el de Andrés Montoya García, aspirante a magistrado, a quien relacionan con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, ocurrida en abril de 2005, señalando además que su hermano, José Antonio Montoya García, alias “El Montoyita”, también fue involucrado en los hechos.
Otro caso señalado es el de Jesús Humberto Padilla Briones, candidato a juez en materia penal, quien fue detenido en 2023 en Nuevo León en posesión de droga y un arma de fuego, situación por la cual fue procesado por narcomenudeo, aunque posteriormente obtuvo una suspensión que le permitió su liberación.
Las organizaciones también denunciaron a Fernando Escamilla Villarreal, aspirante a juez, a quien acusan de haber defendido legalmente a personajes como Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, y a Eleazar Medina Rojas, “El Chelelo”, así como de haber sostenido vínculos recientes con defensores de líderes criminales.
Otro perfil señalado es Francisco Herrera Franco, acusado de haber ejercido presión sobre comunidades indígenas en Michoacán para concertar reuniones con grupos delincuenciales cuando fungía como fiscal regional.
Adicionalmente, las denuncias alcanzaron a candidatas y candidatos presuntamente ligados a La Luz del Mundo, organización religiosa dirigida por Naasón Joaquín García, condenado en Estados Unidos por delitos de abuso sexual. Los denunciantes señalan que algunos aspirantes no sólo han manifestado públicamente su cercanía con dicha organización, sino que han utilizado su estructura para posicionarse en el actual proceso de elección judicial.
Las organizaciones coincidieron en que estos perfiles representan un riesgo para la imparcialidad del sistema de justicia y solicitaron formalmente al INE la suspensión de sus candidaturas. Afirmaron que permitir su avance sería tolerar la infiltración de intereses ajenos a la legalidad y a los derechos humanos en las estructuras judiciales del país.
