Tuxtla Gutiérrez, Chis., 28 de marzo. Una familia indígena, integrada por un hombre, su esposa y sus dos hijos menores de edad, fue liberada tras haber permanecido encarcelada en la comunidad de Polhó, municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la familia quedó bajo medidas de protección y que se ha iniciado una investigación sobre su detención.
Según los primeros reportes, la familia fue privada de su libertad por agentes municipales de Polhó tras un conflicto comunitario relacionado con la compraventa de una parcela. La transacción, realizada entre dos familias, quedó en disputa luego de que el comprador desconociera parte del acuerdo. Ante la falta de resolución, la autoridad ejidal intervino y ordenó la detención del vendedor, quien fue encarcelado junto con su esposa y sus hijos.
En redes sociales se difundió un video donde se observa a uno de los niños llorando tras las rejas, mientras sus padres permanecían de pie en la oscuridad de la celda.
La liberación de la familia fue gestionada por el presidente municipal de Chenalhó y la Delegación de Gobierno del estado de Chiapas. La Fiscalía de Justicia Indígena continuará con las investigaciones para esclarecer el motivo de la detención de la esposa y los menores, además de deslindar responsabilidades.
Usos y costumbres vs. derechos humanos
En los municipios indígenas de los Altos de Chiapas, la impartición de justicia sigue basándose en usos y costumbres, lo que permite a las autoridades comunitarias encarcelar a personas sin juicio previo ante un juez o autoridad ministerial. En algunos casos, se han registrado castigos físicos severos e incluso linchamientos.
Defensores de derechos humanos han condenado la detención de los menores y exigieron la intervención de las autoridades estatales y federales para garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Advirtieron que estas prácticas, lejos de resolver conflictos, generan más violencia y vulneran la integridad de los sectores más indefensos, como los niños.
Asimismo, han solicitado que se sancione al agente rural de la comunidad y a quienes resulten responsables por la privación ilegal de la libertad de la familia.
