El INE advierte que con el «plan B» de la reforma electoral se dotaría de poderes inconstitucionales a su Órgano Interno de Control (OIC), encabezado por un funcionario afín a Morena.
De acuerdo con la Constitución, esta contraloría interna tiene autonomía técnica y de gestión para fiscalizar los ingresos y egresos del organismo, lo que implica diversas actividades.
Sin embargo, explica el Instituto Nacional Electoral (INE) en su diagnóstico técnico sobre la reforma, de ninguna manera puede realizar tareas que le confieran poder de decisión sobre la administración de los recursos.
El OIC está encabezado por Jesús George, quien fue elegido el 2 de mayo de 2019 a propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados.
El contralor es del grupo del ex funcionario federal y ahora coordinador de campaña de Morena en el Estado de México, Horacio Duarte.
George fue funcionario en el Instituto Electoral del Estado de México, donde buscó sin éxito ser consejero, y fue asesor del consejero José Roberto Ruiz.
Durante su periodo ha criticado los sueldos y prestaciones de los consejeros del INE, aunque manteniendo un bajo perfil, y en el último año ha buscado mayor visibilidad.
Incluso, la semana pasada, por primera vez, demandó al presidente del INE, Lorenzo Córdova, que le diera voz en la sesión del Consejo General, para presentar su plan de trabajo, lo cual fue rechazado por no estar contemplado en el reglamento.
En la reforma electoral que impulsa Morena se mantiene el periodo del mandato del titular del OIC por seis años, y una reelección por el mismo plazo, contrario al secretario ejecutivo, que la reelección la disminuyen de seis a tres años.
Entre las nuevas facultades que le dan al titular del OIC está la obligación de la Secretaría Ejecutiva para convocar al contralor a las reuniones de trabajo de los «órganos ejecutivos y técnicos del Instituto”.
Además, se establece como requisito que las plantillas de personal laboren en la Comisión de Administración, nuevo órgano de dirección en el INE, deberán tener previa opinión del OIC, para garantizar el «principio de austeridad en su integración y salarios”.
Con el argumento de que actualmente tiene voz pero no voto, en la Junta General Ejecutiva, integrada por directores, se afirma que tendrá una posición en la nueva Comisión de Administración, que estaría integrada por consejeros y directores.
«Cualquier órgano de esa naturaleza tiene como encargo la fiscalización y no debe incidir en las decisiones autónomas del órgano, porque se sitúa en un evidente conflicto de interés», precisa el INE.
La consejera Dania Ravel afirmó tras revisar el papel del OIC en la administración pública, ninguno tiene las nuevas facultades que se le pretende dar al contralor del INE, lo cual es preocupante.
«No sólo van en contra de la propia naturaleza de un órgano interno de control, incluso obstaculizan el cumplimiento eficiente de sus atribuciones porque lo hacen partícipe de decisiones que no son sobre aplicación de recursos públicos», consideró.
«Por qué tiene que participar en reuniones donde se van a ver cuestiones técnicas, no presupuestales, me parece que se excede el ámbito de sus atribuciones y es muy preocupante”.
Ravel afirmó que ningún OIC está involucrado en las reuniones gubernamentales para dar su opinión, la cual, consideró, evidentemente sí busca influir en la toma de decisiones.
«Me parece peligroso e incorrecto, porque claramente no es una decisión técnica, no tiene sustento jurídico», añadió.
El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, afirmó que al OIC se le dan todas las facultades para realizar su labor de fiscalización, pero al participar en todas las reuniones y opinar en ellas, sí es dotarlo de poder en la toma de decisiones. «Lo convierte en juez y parte y creo que esto altera el diseño y la función del propio OIC, la distancia que requiere, incluso, para hacer bien su tarea de revisar la parte administrativa y la aplicación de los recursos públicos. Me parece un grave error el que se dé un paso en este sentido», añadió Jacobo.
