En la Mira, por Héctor Estrada
Con algunas familias en proceso de retorno a sus comunidades, los desplazados por la violencia en Chiapas siguen siendo un pendiente doloroso que mantiene a decenas de personas a la espera de acuerdos y condiciones que finalmente les permitan regresar a sus hogares en todos los rincones de la entidad.
Apenas el pasado 16 de diciembre, seis familias desplazadas hace cuatro años de la comunidad de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, se manifestaron frente a la sede del Ejecutivo estatal para solicitar ayuda humanitaria. Se trata de 34 personas que abandonaron su comunidad, ubicada en la selva Lacandona, el 16 de diciembre de 2021, luego de ser “atacadas por hombres armados” que además destruyeron sus viviendas.
El caso ha permanecido estancado debido a la falta de condiciones de seguridad para su retorno, pues las familias aseguran seguir bajo amenaza. Entre sus demandas se encuentra la reubicación territorial, así como la liberación de Bersaín Aguilar García, defensor de derechos humanos y padre de familia, quien permanece preso en el penal de San Cristóbal de Las Casas desde el 10 de enero de 2022.
Este caso es apenas uno de los muchos documentados por organismos internacionales como el Internal Displacement Monitoring Centre, que recientemente reveló que México cerró el año pasado con 390 mil personas desplazadas internas a causa de conflictos y violencia. En ese contexto, Chiapas se consolidó como el principal foco del fenómeno, al concentrar la mayoría de los movimientos registrados durante ese periodo.
De acuerdo con el informe Global Report on Internal Displacement 2025, durante 2024 se documentaron cerca de 26 mil nuevos desplazamientos en el país, más del doble que en 2023, impulsados principalmente por la violencia criminal. No obstante, el propio reporte advierte que se trata de un subregistro, derivado de la ausencia de un sistema nacional de monitoreo permanente.
Los casos más emblemáticos se registraron en Tila, Chenalhó y Pantelhó, territorios caracterizados por ser rutas de tráfico ilegal y por la presencia de células delictivas que disputan o mantienen el control de la zona mediante amenazas, desapariciones y agresiones armadas. Tan solo en 2024 se contabilizaron 26 mil nuevos eventos de desplazamiento a nivel nacional, cifra que podría ser mayor ante la falta de un monitoreo preciso sobre los múltiples conflictos que persisten en México, particularmente en Chiapas.
En total, más de 15 mil 780 personas fueron desplazadas en Chiapas durante los últimos dos años del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. Así lo confirma el informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”, publicado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), que finalmente puso cifras a un fenómeno histórico de desplazamiento forzado vivido recientemente en la entidad.
Las estadísticas expuestas por organismos defensores de derechos humanos dimensionan hoy la violencia padecida en distintas regiones del estado durante los dos últimos años del sexenio pasado. Datos que se suman a otros indicadores alarmantes, como el repunte en homicidios y robos de vehículos con armas de fuego, que también crecieron de forma exponencial en ese mismo periodo.
Y es que, al final, los datos del desastre en materia de seguridad ocurrido durante la primera mitad de esta década han comenzado a emerger de manera inevitable con el paso de los meses, el avance de las nuevas administraciones y la evidente impunidad para quienes, por acción u omisión, propiciaron tanta violencia criminal en Chiapas.
Así las cosas.
