San Cristóbal de Las Casas, Chis., 01 FEB.-En Chiapas, las cárceles mantienen condiciones inhumanas y degradantes que niegan la reinserción social y violentan derechos fundamentales, aseguró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), información aportada sobre la situación de la tortura y las condiciones carcelarias en el estado, durante la tercera visita oficial a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la organización de las Naciones Unidas a México, tras las realizadas en 2008 y 2016.
La documentación que, realizada por el Fryba, da evidencia que las violaciones a los derechos humanos en los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) persisten. Desde el momento mismo de la detención, diversas personas privadas de libertad son sometidas a actos de tortura y a tratos crueles, inhumanos y degradantes, siguiendo patrones de fabricación de culpables y represión política.
Al ingresar a los CERSS, manifiesta el Centro de Derechos Humanos que además se enfrentan a trabajos forzados, mala alimentación, falta de atención médica, hacinamiento y constantes amenazas tanto de grupos de autogobierno internos como de las propias autoridades penitenciarias.
A pesar de las reformas y de la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la tortura continúa siendo una práctica generalizada.
Lamentan que, a la falta de acceso a la información, tras la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), constituye una barrera para obtener datos públicos, afectando la democracia y limitando la posibilidad de mejorar las condiciones en los centros de detención.
Precisó que el Frayba ha documentado 20 casos de tortura y violaciones a derechos humanos en el sistema carcelario entre 2010 y 2025. Cuatro de ellos corresponden a personas privadas arbitrariamente de su libertad y torturadas por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en los municipios de Cintalapa, Frontera Comalapa, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.
Destaca el caso de Óscar Trinidad Carvajal, detenido el 4 de noviembre de 2025, actualmente recluido en el CERSS No. 3, sin atención médica ni cuidados adecuados para su recuperación tras la tortura sufrida. Asimismo, el joven estudiante Yonny Ronay Chacón González, detenido y torturado el 3 de marzo de 2019, fue sentenciado a 31 años con 6 meses de prisión por un delito que no cometió.
Las denuncias de las personas privadas de la libertad y de sus familiares revelan que la situación carcelaria es inadecuada debido a la sobrepoblación. Existe una segregación injustificada en celdas con condiciones precarias, lo que impide a los internos y a sus familias sostenerse económicamente, reveló.
En circunstancias específicas, agrega, la autoridad cobra un 10% por el ingreso de materiales y la venta de productos, utilizándolo como forma de sanción o castigo.
Los traslados injustificados continúan siendo un problema constante que expone a los internos a situaciones de vulnerabilidad y desventaja, llegando incluso a obstaculizar la reinserción social con sus familias o el desarrollo de sus procesos penales, ya que en muchos casos no son trasladados junto con sus expedientes, lo que provoca el incumplimiento del principio de continuidad.
En materia de salud, indicó que los internos presentan de manera recurrente dolores de estómago y vómitos debido a la ingesta de alimentos en mal estado, sin recibir atención médica adecuada. La mayoría padece estrés postraumático y ansiedad generalizada. Dentro de las celdas han sufrido cateos, robo de pertenencias, extorsiones tanto de otros internos como del personal del CERSS, trabajos forzados y la obligación de pagar un “impuesto” para poder utilizar las literas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció que la Fiscalía para la Investigación del Delito de Tortura fue clausurada y, en abril de 2025, se instauró la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura, dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos y a la fecha, esta instancia no ha generado avances significativos.
Por lo anterior, exigen a las autoridades mexicanas tomen acciones contra el autogobierno y la corrupción en los CERSS de Chiapas. Asimismo, demanda que las denuncias por tortura y malos tratos no queden en la impunidad, que se realicen investigaciones de oficio, prontas, exhaustivas e imparciales, y que las declaraciones obtenidas bajo tortura no sean utilizadas como prueba en ningún procedimiento.
Es indispensable respetar el derecho a la dignidad de las personas privadas de la libertad, garantizando la seguridad e integridad física y psicológica tanto de los internos como de sus familiares.
