Ciudad de México, 06 MAR.-La investigadora de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, Anaid García, de Fundar, advirtió que la reforma en materia de transparencia y acceso a la información en México representa un retroceso significativo y debilita la garantía del derecho a saber.
Durante una audiencia pública, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre los riesgos de concentrar la función garante en una dependencia del Poder Ejecutivo, lo que podría generar conflictos de interés y obstaculizar sanciones.
“Se está desmontando un sistema construido durante décadas y con ello perdemos la garantía del derecho a saber”, afirmó García en entrevista para ‘Aristegui en Vivo’.
García subrayó que la nueva legislación aumenta de 13 a 17 las causales de reserva de información, lo que limita el acceso a expedientes administrativos y judiciales, así como a investigaciones sobre funcionarios públicos.
Además, criticó que se mantengan restricciones para conocer datos sobre megaproyectos como el Tren Maya, los contratos de compra de medicamentos y las auditorías a recursos públicos.
García también denunció la rapidez con la que se está tramitando la reforma.
El proceso legislativo ha sido fast-track: la reforma se publicó el 21 de febrero, se dictaminó en sólo siete días hábiles y ya fue aprobada por el Senado.
Alertó que el nuevo esquema restringe la posibilidad de presentar controversias constitucionales contra reservas de información, debilitando la rendición de cuentas y reduciendo las herramientas legales para que periodistas y organizaciones accedan a información relevante para la sociedad.
Dijo que distintas organizaciones de la sociedad civil han advertido sobre el impacto de la reforma.
Fundar, Artículo 19 y México Evalúa coincidieron en que esta medida reduce la transparencia y consolida la opacidad en la administración pública.
La ciudadanía perderá la capacidad de exigir cuentas sobre el gasto público y los procesos de contratación del gobierno.
Desde su creación en 2002, el sistema de transparencia en México ha permitido que salgan a la luz casos de corrupción, desvío de recursos y conflictos de interés en distintos niveles de gobierno, a través de investigaciones periodísticas.
Según Fundar, con las nuevas restricciones, la ciudadanía verá obstaculizado el acceso a información sobre fideicomisos públicos, el manejo de fondos extraordinarios y las resoluciones en materia de derechos humanos.
Además, se corre el riesgo de que el nuevo esquema limite las investigaciones periodísticas que han revelado casos de malversación de recursos en sectores estratégicos como salud, educación y seguridad.
Las organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la CIDH que exhorte al Estado mexicano a garantizar mecanismos de participación ciudadana en la implementación de la reforma y que se rechace cualquier retroceso en materia de transparencia.
“No podemos permitir que el derecho a la información sea debilitado por decisiones políticas”, señaló García.
En este sentido, dijo que Fundar y otras organizaciones analizan posibles recursos legales para impugnar la reforma ante instancias nacionales e internacionales.
