Ciudad de México, 05 MAR.-El presidente Andrés Manuel López Obrador y la Comisión Nacional de Búsqueda tienen prohibido modificar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y deberán conservar los datos previos a los cambios que hicieron luego del anunciado “censo” realizado por los Servidores de la Nación, dictaminó un juez.
Ello, al conceder una suspensión definitiva a la modificación del Registro, solicitado por el Colectivo 10 de marzo, que interpuso un amparo en noviembre del año pasado.
El Colectivo dio a conocer que el juez décimo quinto de Distrito de la Ciudad de México les concedió la suspensión definitiva ante este acto de la autoridad. El gobierno federal no deberá alterar los registros en tanto no se resuelva el fondo del asunto.
“Se concede la suspensión definitiva a la parte quejosa, solicitada para el efecto de que no se modifiquen, alteren, sustituyan, destruyan, cancelen, eliminen o supriman los registros contenidos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, dice el fallo.
El amparo tiene folio 5977651/2023 y fue intepuesto el 20 de noviembre de 2023, luego de varios meses en que el gobierno de AMLO se ufanó de estar localizando personas mediante la búsqueda casa por casa y las llamadas telefónicas.
Así, anunció a fines del año pasado que se habían “encontrado” a 16 mil personas, incluyendo en esas personas supuestamente encontradas a muchas que estaban desaparecidas en un estado pero que habían dado “indicios” de vida en otro estado. Así, sin tener pruebas físicas de su ubicación, o de que estuvieran con vida, con los meros indicios bastó para borrarlos del registro.
El 27 de diciembre, en conferencia de prensa, AMLO y la titular del RNPDN, Teresa Reyes, dejaron la cantidad de desaparecidos en 92 mil personas, partiendo de una cifra de 110 mil, cuando lo cierto es que según agrupaciones civiles, el número de desaparecidos ronda los 120 mil.
“Nos salieron con muchísimos indicios de vida, es decir los tenemos ubicados, sabemos por dónde están, sabemos que son personas que fueron declaradas o presentadas como desaparecidas en un estado y, sin embargo, aparecen en otro estado. Tenemos indicios para irlos a buscar”, dijo Teresa Reyes.
“En términos de lo que se presenta, que es la búsqueda generalizada, podríamos decir que conforme al dato de 110 mil, hemos localizado 16 mil y seguimos buscando 92 mil aproximadamente con diferentes niveles de aproximación, convocando a la gente a que nos ayude a seguir coordinando trabajos para encontrar indicios”, agregó.
Estas y declaraciones de meses previos por parte del gobierno causaron malestar e indignación entre las familias de desaparecidos, que durante todo el sexenio han acusado de falta de interés y atención a su problemática.
Un juez federal ordenó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no alterar o modificar los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.
El juez decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Yamin Francisco González Mendoza, concedió una suspensión definitiva al colectivo Diez de Marzo, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas en Reynosa, Tamaulipas.
“Se concede la suspensión definitiva a la parte quejosa, solicitada para el efecto de que no se modifiquen, alteren, sustituyan, destruyan, cancelen, eliminen o supriman los registros contenidos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas”, dice la resolución 1951/2023.
La medida cautelar tiene efecto hasta en tanto el juez resuelva el juicio y determina si concede el amparo.
En la demanda de juicio de amparo, el colectivo también solicitó que se suspenda el nombramiento de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Reyes Sahagún, quien llegó al cargo tras la renuncia de Karla Quintana.
Sin embargo, el juez no concedió suspender su nombramiento al considerar que resultaría en “una afectación al orden público y al interés social”. Esa decisión será impugnada, adelantó el colectivo.
Delia Quiroa, vocera y abogada del colectivo, promovió el amparo luego de que el presidente López Obrador anunció una actualización del censo de personas desaparecidas, con el que se redujeron las cifras y se eliminaron a víctimas del registro nacional.
Además, la abogada, quien busca a su hermano Roberto desaparecido desde 2014 en Reynosa, diseñó un formato para promover juicios de amparo individuales y evitar que las personas desaparecidas sean borradas del registro nacional.
Hasta el momento, en México se tiene registro de 114 mil 690 personas desaparecidas y no localizadas.
