Ciudad de México, 01 NOV.-La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que trabajadores de diferentes dependencias del Gobierno recibieron del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otras irregularidades durante la revisión de la Cuenta Pública 2022.
Las anomalías por 5.1 millones de pesos en la operación del programa social se suman a las que se han presentado desde que se creó en 2019, mismas que la ASF también ha acreditado por cuatros años consecutivos, con lo que sumarían irregularidades por más de 175 millones de pesos.
La ASF entregó este martes 31 de octubre a la Cámara de Diputados los Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 y en la revisión del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro determinó 5 millones 110,902 pesos pendientes por aclarar.
“Se realizaron pagos a 242 beneficiarios por 5,110,902.36 pesos, quienes se localizaron dados de alta como trabajadores en dependencias públicas, durante el mismo periodo en que se encontraban en capacitación en los centros de trabajo”, señala.
Con eso se violaron las Reglas de Operación del programa, mismas que establecen que se incluirán solamente a jóvenes de 18 a 29 años “que no estudian ni trabajan propiciando la vinculación de los mismos con unidades económicas” para recibir capacitación para el trabajo.
La suma es mínima con relación a los 21,696.6 millones de pesos autorizados para ese programa en 2022, de los cuales sólo se revisó una muestra. La ASF concluye que “en términos generales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cumplió con las disposiciones legales y normativas”, sin embargo persisten deficiencias.
Anomalías con las tarjetas
La ASF halló que no se realizó el “reporte al Banco del Bienestar por el extravío de 355 tarjetas bancarias para que se cancelaran y, en su caso, reexpidieran”, es decir que se mantuvo el depósito a los portadores, monto que en ese año ascendió a 5,258 pesos mensuales.
La revisión arrojó que no se gestionó “la desvinculación de los beneficiarios del programa de las cuentas bancarias de 5,491 tarjetas no entregadas” y no se reporta el destino que tuvieron esas micas y por tanto los montos pagados cada mes.
Tampoco se supervisó que los Acuerdos del Comité Técnico del programa se publicaran en la página de internet, “y que los expedientes de los beneficiarios se integraran con los requisitos y documentación de acuerdo con la normativa del programa”.
Histórico de irregularidades
El 19 de julio pasado la diputada federal María Elena Pérez-Jaén, de Acción Nacional (PAN), presentó 29 denuncias ante la Secretaría del Función Pública (SFP) en contra de Luisa María Alcalde Luján, quien como secretaria del Trabajo fue la responsable de operar el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero que en junio fue designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La querella se presentó con base en cinco auditorías realizadas por la ASF a ese programa en los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021 (en que el Programa ha ejercido recursos por 78,579.6 millones de pesos en términos reales) y en los que se emitieron 19 Pliegos de Observación, pues fueron identificadas irregularidades diversas por más de 170 millones de pesos, además de desorden en la instrumentación de ese plan, que para entonces carecía de Reglas de Operación.
Resultado de tres auditorías realizadas en 2019, la ASF pidió a la STPS aclarar el destino de 66.7 millones de pesos; derivado de otra aplicada en 2020 se solicitó aclarar el fin que tuvieron 24.9 millones de pesos y otra más que se desarrolló a lo ejercido en 2021 se concluyó que no se justificó el pago y destino de 78.8 millones de pesos.
Entre ellas: pago a beneficiarios que ya habían muerto, trabajadores del sector público inscritos en el padrón del Programa y que cobraron mensualidades, y jóvenes que dobletearon en dos programas, al recibir becas escolares y el apoyo que debería estar dedicado a quienes no estudian ni trabajan.
La denuncia incluyó casos, también detectados por la ASF, en que se dio supuesta capacitación para el trabajo en empresas “fantasmas” o no inscritas en el Programa, beneficiarios que realizaban trabajos como servidores de la nación, empleados que ya contaban con un vínculo en un centro de trabajo e incluso pago a beneficiarios que también eran tutores o representantes en las empresas que supuestamente brindarían la capacitación.
De acuerdo a Pérez-Jaén en las cuentas públicas de 2019 y 2021, la ASF detectó que 161 beneficiarios de Jóvenes Construyendo del Futuro recibieron el beneficio por 3.8 millones de pesos y al mismo tiempo prestaban servicios profesionales, sea por honorarios o de forma eventual como servidores de la nación.
También la ASF identificó en ese periodo que hubo duplicidad de beneficiarios pues 700 aprendices inscritos y supuestamente no estudiantes recibieron 8.5 millones de pesos, y al mismo tiempo eran beneficiarios del plan Becas para el Bienestar Benito Juárez.
En la revisión de 2020 la Auditoría incluso halló que jóvenes recibieron el apoyo mientras trabajaban en la iniciativa privada, no sólo en el sector público.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), proporcionó a la ASF la Base de Datos Única de Derechohabientes en la que se identificaron 640 becarios que se encontraban laborando durante el periodo de capacitación del programa.
Resultado del cruce con información con la proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se identificó que 33, 909 beneficiarios tenían dos o más registros patronales o sea que sí tenían trabajo durante el periodo en que supuestamente recibían capacitación para el trabajo y cobraban el apoyo.
En las cuentas públicas 2019 y 2020, explicó que la ASF identificó pagos posteriores al fallecimiento de 114 beneficiarios por 800,000 pesos. En tanto, en las cuentas públicas 2019 y 2021 se localizaron pagos por 3.8 mdp a 161 jóvenes que se encontraban recibiendo salario por laborar como servidores de la nación, sea por honorarios o de manera eventual.
Respecto a las empresas fantasma, falta de evidencia de que se impartió capacitación en el trabajo o no se halló ni al tutor ni a los jóvenes beneficiarios, según la denuncia de la diputada panista estos son los datos.
Los centros de trabajo Organicomercial, S.A. de C.V.; Servicios de Personal del Estado de México, S.A. de C.V.; Construcciones y Servicios Lukman, S.A. de C.V.; Centro de Capacitación Integral de Apatzingán; INAEP, S.A.S. de C.V.; y Barista Factory, S.A.S. de C.V, el Programa pagó en 2019 a 1,157 beneficiarios 15.4 millones de pesos.
La ASF identificó que no pudo acreditarse la capacitación recibida, no se comprobó la existencia de los centros de trabajo, que estos recibieran visitas de verificación por parte de la STPS “y, en algunos casos durante la visita no se encontró ni al tutor ni a los becarios, así como un caso en el que el domicilio fiscal del centro de trabajo se encontraba en el Estado de México, cuando la capacitación se dio supuestamente en la Ciudad de México”.
