En la Mira, por Héctor Estrada ·
En medio de un proceso de renovación sindical que “nació muerto” y cargado de irregularidades, finalmente el tribunal burocrático del Poder Judicial del Estado terminó por declarar invalida la convocatoria para elegir al nuevo Comité Central Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas.
Con una sentencia que era prácticamente inevitable, el Juzgado Tercero Especializado en Materia Burocrática determinó que la convocatoria publicada el pasado 11 de noviembre era ilegal, pues fue emitida y firmada por la anterior secretaria general y su comité ejecutivo central, cuyo periodo en funciones concluyó oficialmente desde el pasado 2 de octubre.
En resumen, la pasada secretaria general del sindicato, Claudia Ulloa Zenteno, y la anterior mesa directiva, incurrieron en usurpación de funciones al realizar un procedimiento que ya no era de su competencia legal. Además de violar abiertamente los estatutos de su propio sindicato al no dar paso al proceso establecido por los lineamientos internos.
Y es que, según los estatutos generales del sindicato, Claudia Ulloa debió haber convocado a elecciones antes de concluir su periodo y, con ello, formalizar la elección de un Comité Ejecutivo Electoral, que organizaría los comicios internos y daría validez al proceso. Sin embrago, en la obsesión de buscar recovecos para prolongarse en el cargo, eso nunca se llevó a cabo.
Así, ante la conclusión formal del periodo de Ulloa y la situación acéfala del sindicato, el proceso establecía la convocatoria de una asamblea general para elegir a un comité electoral que convocara a elecciones. No obstante, la ex dirigenta aprovechó el vacío para realizar su propia convocatoria, preparar a un equipo de sucesión (con sus más cercanos) y negociar su inmunidad con la planilla alterna impulsada desde el poder.
Por eso la premura para desarrollar el proceso, abiertamente ilegal, y cerrar paso a otras alternativas. Pero su estrategia estaba “muerta de origen”. Al final, el Poder Judicial ha confirmado que Ulloa ya no posee representatividad legal dentro del sindicato, ni su convocatoria tiene validez alguna.
Hoy la burocracia chiapaneca no tiene otra alternativa que llamar a asamblea general para elegir a un nuevo comité electoral y después lanzar una nueva convocatoria para el relevo de la dirigencia estatal. El que las actuales planillas intentaran continuar con las campañas y llevar a cabo los comicios el próximo 19 de diciembre sería un sinsentido y un desgaste (de tiempo y recursos) absurdo.
El asunto terminaría igual de inoficioso; pues, finalmente, a la planilla “electa” no se le podría realizar la toma de nota, manteniendo al sindicato acéfalo por más tiempo de lo razonable. Y es que, con el vacío de representatividad generado por Ulloa, el sindicato corre el riesgo prolongar más su parálisis y debilitar su operatividad ante las autoridades.
Al sindicato de burócratas en Chiapas le hace falta un cambio de fondo, que sacuda finalmente sus entrañas. Pero también el inicio de investigaciones para esclarecer el manejo de recursos millonarios, en materia de seguros de vida y cuotas sindicales, que hasta el momento se mantienen sin claridad y plagados de sospechas… así las cosas.
