Javier Domínguez
12 de enero de 2026. Tuxtla Gutiérrez.- Un grupo de docentes interinos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) realizó este lunes una denuncia pública en las instalaciones de la institución, en Tuxtla Gutiérrez, para señalar presuntas anomalías en el cumplimiento de sus contratos por parte de autoridades educativas.
Los educadores denunciaron retrasos de hasta seis meses en los pagos, reducción unilateral de salarios y presiones para firmar documentos bajo intimidación. La queja formal fue dirigida al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y a la Secretaría de Educación Federalizada Indígena, al exponer una serie de incumplimientos relacionados con el contrato de interinato con vigencia del 1 de enero al 15 de julio de 2025.
“Durante el desarrollo y posterior conclusión del periodo laboral, la autoridad educativa ha incurrido en graves irregularidades, mismas que constituyen una clara violación a nuestros derechos laborales”, expresaron.
Indicaron que el salario correspondiente a los servicios prestados durante 2025 se liquidó hasta enero de 2026, situación que —afirmaron— provocó una severa afectación económica para los docentes y sus familias.
Asimismo, señalaron que su percepción quincenal fue reducida sin notificación ni consentimiento, pasando de aproximadamente 6 mil 700 pesos a 4 mil 800 pesos. Según explicaron, la justificación de las autoridades fue que “ya no hay recurso necesario para tener un sueldo digno”.
Puntualizaron que, hasta el momento, el pago del periodo de enero a julio de 2025 solo se ha cubierto de manera parcial. Refirieron que se les habría pagado una cantidad mínima de 29 mil pesos por los meses de enero a marzo, cuando el monto total contratado asciende a aproximadamente 42 mil o 43 mil pesos.
Ante ello, demandaron que los pagos se realicen de forma oficial, con talón de cheque y conforme a los términos establecidos en el contrato, a fin de garantizar certeza jurídica.
También denunciaron un trato inhumano en el área de pagaduría y afirmaron que han sido obligados a firmar documentos de “conformidad y confidencialidad” por montos que no corresponden a lo realmente adeudado, lo que consideran un acto de coacción.
En este escenario, hicieron un llamado respetuoso pero enérgico a la intervención del gobernador, para garantizar el respeto a sus derechos laborales, en congruencia —dijeron— con el principio “humanista que transforma”.
