Tuxtla Gutiérrez, Chis.– En seguimiento a la política estatal de Cero Corrupción y Cero Impunidad, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó el inicio de un procedimiento formal de inhabilitación contra cuatro funcionarios de la Secretaría de Salud del estado, señalados por presuntas irregularidades en el área de adquisiciones de medicamentos.
De acuerdo con la dependencia, los implicados —servidores públicos de nivel medio y alto— habrían incurrido en prácticas como compras simuladas y pagos con sobreprecios, en un contexto marcado por la escasez de medicamentos y la alta demanda en hospitales. Las anomalías detectadas representan un presunto desfalco de casi 20 millones de pesos.
En caso de confirmarse su responsabilidad, los implicados podrían ser sancionados con hasta 20 años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos, según lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas.
Además del procedimiento administrativo, se ha iniciado una investigación penal por posibles actos de extorsión. Se presume que los funcionarios exigieron un pago ilícito equivalente al 40% de una deuda pública de 53 millones de pesos a un proveedor, como condición para liberar el recurso, bajo amenazas de represalias institucionales.
La titular de la Secretaría Anticorrupción, Ana Laura Romero Basurto, explicó que la investigación comenzó a raíz de denuncias ciudadanas presentadas a través de la plataforma Jaguar Evalúa, una herramienta digital diseñada para facilitar la participación ciudadana y eliminar trámites burocráticos.
Romero Basurto destacó que estos hechos son especialmente graves por el contexto en que ocurrieron: “No se puede permitir que el dolor y las necesidades del pueblo chiapaneco sean usados como moneda de cambio. En el sector salud se necesita compromiso, ética y verdadera vocación de servicio”.
La funcionaria aseguró que los procedimientos ya están en curso, y que las autoridades penales también tomarán cartas en el asunto para garantizar que los responsables enfrenten consecuencias legales.
“En esta Nueva Era no hay cabida para la impunidad. La salud del pueblo es un derecho sagrado, y quien se atreva a lucrar con ella tendrá que rendir cuentas. Caerá quien tenga que caer”, sentenció.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con una gestión pública transparente, ética y centrada en el bienestar colectivo, en donde la justicia prevalezca sobre cualquier interés personal o red de corrupción.
