Verónica Gascón
Cd. de México (16 noviembre 2022).- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) consideró que inhibir las posibilidades de inversión privada en la generación eléctrica y favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reduce la competitividad del País.
Brenda Hernández, titular del organismo regulador, emitió una opinión este año en contra de la iniciativa de reforma que envió el Ejecutivo federal para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución (en septiembre 2021), con lo cuál se pretendía sustituir el modelo de competencia en la generación y suministro de electricidad por un modelo industrial operado por un monopolio estatal no regulado.
«La Cofece emitió una opinión en marzo y recomendó no aprobarla y reiteró la importancia de mantener la competencia en los eslabones de generación y suministro. Esta iniciativa no fue aprobada al no alcanzar la mayoría calificada en el Congreso.
«Si bien el futuro de la política energética se terminará de resolver en los juzgados y en la Suprema Corte, esta situación reduce la competitividad en el País, se pueden inhibir posibilidades de inversión privada en la generación eléctrica, poner en riesgo la existencia de un mercado eléctrico y favorecer a las centrales de generación que no necesariamente son las más eficientes», expuso Hernández en el webinar «Casos de éxito de la política de competencia en Latinoamérica».
También hizo referencia a otra reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la cuál planteaba muchos preceptos contrarios a la competencia presentes en la Política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico.
Relató que en su momento la Comisión emitió una opinión con la recomendación de no aprobar la iniciativa porque iba a dañar seriamente las condiciones de competencia en la generación y comercialización de electricidad, pero se aprobó en marzo de 2021.
Al respecto, dijo, varios agentes económicos interpusieron diversos juicios de amparo en juzgados especializados. Por su parte, la Comisión presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia.
No obstante, los ministros no llegaron al fondo del asunto y esto significa que el tema se resolverá en los tribunales especializados, a través de los amparos interpuestos por los particulares.
Pero no significa que las reglas se hayan declarado constitucionales, recalcó Hernández.
