Ciudad de México, 23 OCT.-Mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos que participaron en el Foro Justicia para las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, expusieron la desigualdad y discriminación que enfrentan cuando buscan justicia.
Desde la Cámara de Diputados exigieron tomar acciones para revertir los niveles de violencia que experimentan en todo el país, ya que al menos en el 98 por cierto de estos casos no existe justicia, pero sí impunidad.
Maia Campbell, representante adjunta del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), señaló que, desde enero de 2016, el organismo registró 367 víctimas de algún tipo de agresión en México (160 periodistas y 179 personas defensoras) de los cuales 80 fueron mujeres.
Detalló que hay 16 periodistas y 12 personas defensoras que fueron víctimas de intentos de homicidios, así como 26 periodistas y 38 defensoras víctimas de desaparición forzada.
Ante este panorama, Campbell recalcó que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida, a la integridad de las personas con una respuesta desde los tres niveles de gobierno, por lo que remarcó cuatro ejes importantes: la obligación de respetar los derechos humanos; prevenir todo tipo de violencia; asegurar una protección efectiva integral y garantizar el acceso efectivo a la justicia.
No obstante, este último continúa siendo un reto importante para las mujeres, ya que, de los 367 casos documentados, sólo el 12.5 por ciento cuenta con una sentencia condenatoria.
Es necesario que las nuevas autoridades del Poder Judicial tomen medidas para fortalecer las capacidades de respuesta del Estado mexicano.
Maia Campbell, representante adjunta del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR).
Siguiendo el informe Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensores de derechos humanos y periodistas, México cuenta con la capacidad de la Fiscalía General y fiscalías estatales para realizar investigaciones conforme a los principios generales de vida.
Pese a esto, dijo Campbell, no siempre existen recursos, competencia o voluntad política, por lo que será necesario que las nuevas autoridades del Poder Judicial tomen medidas para fortalecer las capacidades de respuesta del Estado mexicano.












