Ciudad de México, 1 de agosto de 2025.– En un hecho sin precedentes, una jueza de Campeche ordenó que todos los contenidos del medio digital Tribuna sean revisados, aprobados o rechazados por un «interventor judicial» antes de su publicación, tras una denuncia presentada por la Gobernadora morenista Layda Sansores.
La decisión fue tomada por Edelmira Cervera, jueza Segundo de Control del Primer Distrito Judicial de Campeche, quien ratificó la medida cautelar que obliga al medio a someter sus publicaciones a la supervisión de un funcionario del Tribunal Superior de Justicia estatal.
Censura previa disfrazada de «intervención»
La figura del “interventor” es comúnmente utilizada en casos de instituciones financieras con procesos judiciales por delitos o concursos mercantiles, pero es inédito que se aplique a un medio de comunicación.
«(La decisión pretende) inhibir cualquier publicación o crítica que exhiba falta de resultados antes del Cuarto Informe de Gobierno de Sansores», denunció Tribuna en un comunicado. «Esta medida vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información».
Según la resolución, Tribuna no podrá publicar contenidos en su sitio web o redes sociales sin la autorización previa del interventor judicial, impuesto tras la denuncia de Sansores por «incitación al odio».
Amenaza de multas y restricciones a periodistas
Además de la censura previa, la jueza prohibió al periodista Jorge Luis González Valdez mencionar a la Gobernadora en cualquier publicación. Si la empresa editora se niega a acatar estas disposiciones, deberá pagar una multa de 5 mil 657 pesos.
El medio intentó revocar la medida, pero la jueza Cervera ratificó la resolución y dio un plazo de 48 horas para que la empresa entregue los datos de sus redes sociales, con el propósito de que sean intervenidas.
Críticas por ataque a la libertad de expresión
Diversas organizaciones y periodistas han señalado que esta resolución sienta un peligroso precedente de censura judicial y control de contenidos, violando garantías constitucionales.
Para Tribuna, el caso es una acción deliberada para silenciar las críticas a la gestión de Sansores, justo antes de la rendición de su Cuarto Informe de Gobierno, previsto para hoy viernes.
