Los estados de Guerrero, Guanajuato, Chiapas, Michoacán y Morelos acumulan el 50% de los episodios de violencia político-electoral, por lo que representan focos rojos para las autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno rumbo a las elecciones del 2 de junio, de acuerdo con la consultora Lantia Intelligence.
En su estudio “Reporte de Violencia Político Electoral 2024”, la consultora mencionó que Guerrero es la entidad que lidera los casos violencia política electoral registrados durante el proceso; los municipios de Taxco, Chilpancingo y Coyuca son en los que más ataques se han registrado.
“Esta violencia consta, principalmente, de amenazas, secuestros y agresiones. La causa principal de esta violencia recae en una debilidad por parte del gobierno estatal por mantener una gobernabilidad del proceso electoral. Al contrario, en territorios específicos, como Chilapa y Tierra Caliente, grupos del crimen organizado controlan buena parte del proceso electoral mediante financiamiento y hostigamiento contra candidatos”, precisó.
Argumentó que en Taxco ha ocurrido una fuerte disputa armada entre los Tlacos y la Nueva Familia Michoacana, lo que “estaría afectando la contienda electoral de manera grave”, mientras que en Coyuca hay un continuo asedio por parte de la Nueva Familia Michoacana a la población mediante ataques con drones.
La consultora recordó que en Guerrero fue asesinado Tomás Morales, candidato de Morena a la alcaldía de Chilapa y Honorio David Sandoval, excandidato de MC a la alcaldía de Cuajinicuilapa, y su esposa. Otros 21 aspirantes locales de Movimiento Ciudadano han renunciado a la contienda.
Precisa también que el 18 de mayo fueron hallados en Guerrero los cuerpos desmembrados del candidato a regidor de Coyuca por el PRI, Aníbal Zúñiga Cortés, y su esposa, Rubí Bravo Solís.
El informe estableció que en Guanajuato la causa central de la violencia es la dinámica del crimen organizado. Resaltó que en Celaya es el municipio con mayor número de casos registrados de violencia político–electoral por una rivalidad entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
“De modo que esta violencia se ha expandido contra actores políticos desde que inició la contienda electoral. Los grupos criminales buscan mantener violencia contra actores gubernamentales para garantizar su presencia en mercados de extorsión”, refirió. En abril fue asesinada Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya.
Respecto a Chiapas, el informe de Lantia Intelligence resaltó la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha llevado a un desplazamiento de más de 10 mil personas desde 2021, además de provocar extorsiones y secuestros hacia la población.
“Los candidatos a cargos públicos en Chiapas afrontan un ambiente de creciente violencia e inseguridad. En el contexto actual, los aspirantes y candidatos son los objetivos principales de agresiones, seguidos de cerca por funcionarios públicos y políticos. Los ataques más frecuentes que enfrentan son asesinatos, amenazas y atentados”, dijo.
“Estos actos de violencia tienden a ocurrir en áreas donde hay disputas territoriales entre grupos criminales. La situación ha llevado a la desaparición de aspirantes a cargos de elección popular y al enfrentamiento entre grupos criminales en diferentes regiones del estado”, insistieron.
El 19 de mayo atacaron a balazos el convoy donde viajaba Robertony Orozco, candidato de Morena a la presidencia municipal de Villa Corzo, Chiapas. En el ataque fallecieron tres personas y dos más quedaron heridas, entre ellas el candidato.
Tres días antes fue asesinada la candidata al municipio de La Concordia, Chiapas, Lucero López Mata, quien quedó en medio de un enfrentamiento entre civiles armados.
Respecto a Michoacán, el estudio resaltó que los cárteles atacan a los aspirantes políticos para favorecer a sus candidatos preferidos.
“Esta violencia se centra principalmente en las elecciones locales, donde los grupos delictivos buscan influir en el poder y la distribución de recursos. A pesar de las medidas de protección implementadas, la violencia ha provocado la renuncia de varios candidatos y ha enfriado algunas campañas electorales. La persistente disputa entre varios cárteles, especialmente entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Nueva Familia Michoacana, provoca una disputa por las plazas y por el control de las autoridades, especialmente en zonas estratégicas para el trasiego de drogas, como Uruapan o Apatzingán.
“Esta entidad experimenta un aumento significativo de la violencia relacionada con el crimen organizado, lo cual ha tenido un fuerte efecto en el proceso electoral. Debido al temor y la inseguridad, 34 aspirantes se han retirado de las elecciones municipales, afectando a siete de los once partidos políticos con registro estatal”, mencionó.
Cabe destacar que en febrero asesinaron al precandidato de Morena a la alcaldía de Maravatio, Miguel Ángel Zavala Reyes, y al del PAN, Armando Pérez Luna, en dos hechos diferentes.
Finalmente, sobre el estado de Morelos, Lantia Intelligence mencionó que “los candidatos enfrentan un ambiente de alto riesgo debido a la violencia y la infiltración del crimen organizado en los partidos políticos. Las amenazas, agresiones y renuncias de los candidatos son eventos cada vez más frecuentes. La seguridad es una preocupación primordial, con algunas candidatas bajo la custodia del Ejército mexicano. Hay ocho municipios que se consideran de mayor riesgo, en los cuales se espera que el crimen organizado intente imponer a sus candidatos”.
