Ciudad de México, 15 DIC.-Tras advertir que una “mayoría tiránica” no puede derrotar la construcción del sistema electoral, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova señaló que vendrá una batalla jurídica por la reforma electoral.
“Va a venir una dura y ardua batalla jurídica en la que quienes estamos convencidos de que el sistema electoral que hemos construido, si bien es perfectible, es una conquista de todas y todos que una mayoría tiránica no nos puede arrebatar”, sostuvo.
“Hay quien pretende echar a doblar las campanas por la democracia y por el INE. A ellos creo que hay que decirles que guarden las palas porque no son tiempos todavía de entierro”, expresó el consejero presidente.
Durante la inauguración del II Encuentro Nacional del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza, Lorenzo Córdova afirmó que van a explotar todos los cauces jurídicos que estén al alcance de la ciudadanía y las instituciones “para que salvemos la democracia”, la cual afirmó que no es una construcción de uno, sino de todos.
A fin de evitar una regresión democrática, subrayó que México tiene una enorme tarea y desafío histórico, el cual es preservar “lo bueno de lo poco que hemos hecho bien en las últimas tres décadas”.
El consejero señaló que han consolidado un sistema democrático en el que los ciudadanos pueden emitir un voto libre en elecciones auténticas y con autoridades autónomas del poder e independientes de los intereses de partidos.
“Esa es una conquista democrática que no podemos, corrijo, que no vamos a permitir perder”, concluyó.
Reducir el servicio profesional pone en riesgo la supervisión de comicios
El Instituto Nacional Electoral (INE) alertó que la aprobación del plan B de la reforma electoral reducirá al mínimo el Servicio Profesional Electoral (SPE), al eliminar el 84.6% de las plazas (2,751 cargos) lo que impedirá –advierte– contar con personal calificado para supervisar los comicios.
“Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la credencial para votar con fotografía”, detalló el órgano electoral.
El instituto resaltó además que la desaparición de las 300 juntas ejecutivas distritales pone en riesgo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas y los cómputos de los votos, así como la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales.
Además, añadió, el monitoreo de todas las estaciones de radio y televisión del país y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género.
El INE recordó que los trabajadores que integran el SPE o servicio profesional de carrera llegaron a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley –como son los concursos públicos abiertos– por lo que se someten todos los años a una evaluación de su desempeño y son sujetos a un programa de formación y capacitación permanente.
“Despojarlos de sus puestos de trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario, han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales”, indicó el órgano electoral.
Al hacer un diagnóstico sobre el llamado Plan B de la reforma electoral aprobada por el Senado, el INE detalló que por mandato constitucional, tanto el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional como los trabajadores de la Rama Administrativa, ven regidas sus condiciones de trabajo mediante el Estatuto respectivo.
“La reforma (electoral) contempla que los trabajadores adscritos a la rama administrativa dejen de estar regulados por dicho estatuto, afectando así sus condiciones generales de trabajo y garantías laborales, lo que viola sus derechos establecidos de forma expresa en la Carta Magna”, detalló Córdova.
Los consejeros electorales aseguraron que serán empáticos con las acciones que los trabajadores del Instituto decidan emprender por su cuenta en defensa de sus derechos laborales.
