Ciudad de México, 22 MAY.-Un amplio reportaje del Semanario Zeta, firmado por Adela Navarro Bello, revela que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, “ocultó narcofosa” en Tijuana porque no quería “un Teuchitlán” en esa entidad y ahora la periodista denuncia amenazas.
La también codirectora general del Semanario Zeta refiere, en el trabajo de investigación, que al Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Estado de Estados Unidos, les llamó la atención el hallazgo de una narcofosa, por lo que iniciaron un análisis de información de hechos de inseguridad y corrupción en la frontera norte de México y sur de los Estados Unidos.
El descubrimiento de la fosa clandestina ocurrió en el Cañón de las Carretas en Tijuana, el 14 de abril de 2025, y el hecho tendría que ver con la decisión de EE.UU. de retirarle la visa a ella y restringir su posibilidad de viaje al vecino país del norte.
Aunque también en esa misma entrega periodística refieren que Carlos Torres, su esposo, está siendo investigado en los Estados Unidos y México por la posible comisión de delitos relacionados con el crimen organizado: “delitos de lavado de dinero y conspiración para la comisión”. Señalan que eso les confesó su fuente en la unión americana.
Aquel día, apuntan, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad de la Secretaría de Seguridad de Baja California detuvieron a un grupo de narcomenudistas, uno de los cuales accedió a convertirse en testigo y delatar algunos ilícitos, entre ellos, la existencia de una fosa clandestina en las faldas del cerro Venustiano Carranza, en el Cañón de las Carretas.
Relatan que proporcionó un número aproximado de cuerpos ahí enterrados clandestinamente; más de 20, dijo y aportó detalles que publicó la edición de Zeta que salió a circulación el viernes 25 de abril, unos 5 días antes que le fuera revocada la visa a Carlos Torres Torres, y otros días más de que sucediera lo mismo con la gobernadora de Baja California Marina Ávila.
En la edición del Semanario, se publicó la lista que el testigo reveló y la identidad de algunas de las personas que estaban ahí enterradas:
“Una familia de 4 integrantes”. Los jóvenes detenidos dijeron haber atestiguado esto, cuando convivían con la célula criminal que se apropió del inmueble.
“También mataron al ingeniero”, José Alonso Guerrero Chávez, y a su ayudante Rubén Ramírez Rojas, ambos desaparecidos el 27 de marzo de 2024.
“Y a la muchacha que violaron”. Se refiere a Mariana, la joven en calidad de desaparecida, y quien envió vídeos a su madre, los cuales sirvieron de evidencia para detener a una familia de pepenadores de basura: Ana Laura, su esposo Marco Antonio (apareció muerto el 22 de junio), el hijo de ambos, Bryan de 20 años, y Miguel Ángel, hermano de Antonio, por la desaparición de los ingenieros.
“Un primo del Guasón por un pleito de terrenos”. Por “El Guasón”, se refirió un criminal aún no identificado por nombre y apellidos por las autoridades.
Pero de forma extraña e irregular, dicen, apenas a días de haberla localizado, el 16 de abril, la Fiscalía General del Estado detuvo la exploración de la narcofosa en la zona denunciada.
En ese lapso solamente escarbaron en un punto, en el cual localizaron tres cuerpos. Pero después nada. Luego, la operación se detuvo, indican.
EE.UU. confirmó la existencia de fosa clandestina
Y autoridades investigadoras de los Estados Unidos, agrega el reportaje, “indagaron por sus medios en el análisis binacional que realizan sobre el comportamiento de los cárteles de la droga, la inseguridad y la violencia, y pudieron confirmar que, en efecto, en esa zona del Cañón de las Carretas había más de 20 cuerpos en una fosa clandestina”.
Se enterarían los estadounidenses más adelante que la excavación paró por decisión directa de la gobernadora Marina Ávila Olmeda, consigna Zeta.
Miembros de la Mesa de Seguridad de Baja California, confirmaron a dicho medio, que, efectivamente, “Ávila Olmeda le dijo a la fiscal general del Estado, María Elena Andrade que tuviese cuidado con ese tema”, pues no quería “un Teuchitlán” en Baja California, en alusión al centro de exterminio rancho Izaguirre, hallado por Guerreros Buscadores de Jalisco, un mes antes de estos hechos narrados.
Esta acción, añaden, fue confirmada por testigos de la Mesa de Seguridad, y en conocimiento de autoridades del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Interior de EE.UU., lo que fue determinante para proseguir con la revocación de la visa a la gobernadora Marina Ávila Olmeda, tras cancelar la de su esposo Carlos Torres, afirma el medio.
Ante amenazas, organizaciones se solidarizan con periodista Adela Navarro Bello
Ante las amenazas a la periodista Adela Navarro Bello, varias asociaciones de periodistas y defensores de derechos humanos, como Artículo 19, Opinión 51, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), le han externado su solidaridan; además piden a la autoridad que resguarden su vida y su integridad.
