Tuxtla Gutiérrez, Chis., 21 ABR.-Para la comunidad El Nacimiento, municipio de Ocosingo, el haber obtenido un premio de 20 millones de pesos por la rifa del “Avión Presidencial”, sorteo realizado en septiembre de 2020, más que un “premio” ha sido una “pesadilla”, ya que el dinero lo codicia el grupo paramilitar “Los Petules”, mismos que han obligo a 28 familias a abandonar la localidad.
En un comunicado, las 28 familias indígenas tzeltales, originarias de la comunidad El Nacimiento, municipio de Ocosingo, en la región Selva del estado de Chiapas, denunciaron haber sido desplazadas de manera forzada por dicho grupo bélico.
Los afectados y ganadores de la rifa, aseguran que los recursos fueron asignado a la escuela preescolar José María Morelos y Pavón, lamentablemente, lejos de resultar un beneficio, el premio desató una ola envidias, codicias, amenazas, agresiones violentas y conflictos internos.
Según testimonios de las familias afectadas por la ambición de “Los Petules”, estos los presionan para que el dinero de la rifa del avión sea utilizado para la compra de armas y pertrechos militares, con el propósito de atacar a comunidades del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), especialmente a El Carrizal.
Para los pobladores ganadores de la rifa del “Avión Presidencial”, afirman que su intención era invertir los recursos en infraestructura educativa, mejoras en la iglesia católica y espacios comunitarios, sin embargo, eso no fue del agrado de los belicosos, que a razón de su negativa, recibieron en respuesta amenazas de muerte, extorsiones y ataques armados.
Desde que fue anunciado por el gobierno federal que se habían ganado la rifa del “guajolote”, las comunidades de esa región no tienen ni pan ni tranquilidad, pues el conflicto escaló hasta el 18 de octubre de 2021, cuando más de 250 personas fueron desplazadas violentamente de sus viviendas.
Recuerdan que el 16 de marzo, Marcelo Sántiz López, agente auxiliar municipal, fue baleado en el abdomen por negarse a entregar el dinero y a partir de esa fecha inició su “pesadilla”, porque a partir de esa fecha los vienen hostigando con acciones violentas de manera sistemática.
Durante los desalojos forzados de las familias de que han sido objeto, han perdido sus pertenencias, ganado, sus hogares, tierra y sus tarjetas personales de programas sociales. Lamentablemente es difícil reconocer que por parte de los gobierno federal y estatal no cuentan con ningún tipo de apoyo, al que reciben los grupos criminales que son protegidos por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía estatal.
Además, denuncian que mujeres y niños también fueron agredidos, los criminales no tienen conciencia, poco les importa hacer y ver que sufren las familias de indígenas, los más desprotegidos por el gobierno, a pesar que de los hechos de violencia han sido informados a las autoridades municipales y estatales, y aun éstas familias afectadas responsabilizan de todos sus males por falta de atención y omisión al exgobernador Rutilio Escandón Cadenas, hoy premiado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al nombrarlo Cónsul de México en Miami, Florida.
Asimismo, acusan que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuyo titular fue Juan José Zepeda Bermúdez, en el gobierno de Rutilio Escandón, se negó a reconocerlos como desplazados forzados, y que el gobierno estatal durante ese sexenio no ofreció garantías para un retorno seguro.
“Nos quisieron mandar al matadero”, denuncian las familias indígenas del municipio de Ocosingo,
En la actualidad, las familias se encuentran refugiadas en la periferia de la cabecera municipal de Ocosingo y han reiterado el llamado al nuevo gobierno para que atienda su situación con un enfoque de justicia, reparación de daños y seguridad.
Cabe mencionar que el grupo armado de “Los Petules siguen libres, armados operando de manera impune y arbitraria, y abajo el miedo y la amenaza siguen manteniendo el control del territorio.
Finalmente, los desplazados indígenas exigen al gobierno actual de Eduardo Ramírez que interceda por ellos que también son “pueblo”. Exigimos justicia y garantías para poder regresar a nuestras tierras con seguridad”, concluyeron.
